Las Fuerzas Armadas en El Salvador, desde que realizaron la masacre de miles de campesinos e indígenas en 1932 hasta los Acuerdos de Paz de enero de 1992 estuvieron salpicadas de una adhesión y compromiso con el poder económico, se constituyeron en los garantes del mantenimiento del estatus quo de la oligarquía; esto trajo como consecuencia décadas de represión institucional contra el pueblo salvadoreño en distintos momentos de su historia.
El ejército salvadoreño, en cuyo seno se encontraban, como parte integrante del mismo, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, otrora cuerpos de seguridad responsables de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos antes y durante el conflicto armado en El Salvador1, tuvo que ser depurado y rediseñado en su rol y sus competencias. Se reformó la Constitución, precisamente para ubicar a la Fuerza Armada en su competencia castrense, en lo que corresponde a un Estado que aspira a una democracia: La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Hasta la Constitución de 1962 sus competencias eran además hacer cumplir la ley, mantener el orden público y garantizar los derechos constitucionales. Los cambios incluso, mandaron separar la Defensa Nacional y la Seguridad Pública.
Pero el espíritu de los Acuerdos de Paz y de las reformas constitucionales fueron más allá, buscando la civilidad de la conducción de la Seguridad Pública: se dijo expresamente que la Policía Nacional Civil quedaría bajo la dirección de autoridades civiles.
No obstante, los grandes acuerdos nacionales que se tomaron con relativa independencia para finalizar la guerra en 1992 ahora se ven avasallados por la política imperial militarista de los Estados Unidos, que se ha lanzado a todo el planeta justificándose como una respuesta a los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001 y teniendo como enemigos fundamentales el terrorismo y el narcotráfico.
El análisis del problema de la grave inseguridad pública en El Salvador no puede reducirse a lo nacional, ni tampoco a las maras y a las pandillas; pasa por un complejo entramado regional, que tiene a la base la criminalidad organizada, especialmente la narco actividad, cuya persecución ha sido reducida a formas y a medidas efectistas, sin resultados hacia los pueblos en la región.
Son varios aspectos a tener en cuenta:
a) La inseguridad ciudadana, uno de los más graves problemas para los pueblos en el triángulo norte de Centro América es, para otros, un enorme negocio: venta de armas, empresas de seguridad privada, empresas proveedoras de alimentación a los establecimientos penitenciarios, policiales o escuelas de policías. Esto trae consigo una ecuación nefasta: A más criminalidad, más y mejor negocio.
b) El Plan Puebla Panamá, el ASPAN2, y el Plan Mérida, han empujado a la criminalidad organizada hacia Centro América, reduciendo la efectividad de las institucionalidad estatal, que no sólo se encuentra desbordada por la violencia y el crimen, sino que además ha sido permeada y penetrada sin control por los grupos criminales.
c) La política norteamericana tiene bajo su lupa y duramente cuestionadas a las policías civiles, a la seguridad pública coordinada desde el poder civil; la tónica es volver a militarizarla, buscando control hegemónico en la región en protección de su propios intereses, más que soluciones efectivas a la inseguridad que se vive; está ocurriendo en Guatemala, en Honduras y hay una amenaza muy fuerte sobre El Salvador.
d) No hay una decisión contundente de combate a la criminalidad organizada, esa que se ampara en el poder político y económico de los Estados; hay demasiados intereses en juego de los poderosos que impiden la definición de políticas públicas serias y efectivas contra la criminalidad. Esto trae consigo el combate sesgado y reduccionista de maras y pandillas, sin tener en cuenta que el accionar delincuencial de estas tiene que ver con problemas estructurales que no se afrontan y con la utilización que se hace de ellas para la narco actividad; tiene que ver con la falta de decisión del combate integral de la violencia y criminalidad: represión efectiva buscando superar la gravísima impunidad, pero también prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción a la vida económica y social de quienes han infringido la ley.
Esta compleja y trágica realidad para la región, demanda decisiones estructurales, estratégicas e inteligentes, que no son conciliables ni remotamente con que se ponga a militares al frente de la cartera de Seguridad Pública de los Estados. Va en dirección contraria a la misma historia y socava a las incipientes democracias que se están tratando de construir en la región.
En este marco de incertidumbres, se discute en El Salvador el próximo nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, considerando la posibilidad de que tan grave carga recaiga en un militar. Lo cierto es que un militar, esté de alta o esté de baja, lleva en sí su formación, su filosofía. El ser civil no es una profesión, es una forma de vida, es una visión de la realidad, de identificar la realidad nacional y de identificar las soluciones a su problemática. La baja que les da el ejército no les despoja de su ser castrense3, de la formación de sus ideales, “de lo que saben hacer y de la forma en que lo hacen”. Se forman para el combate, están dispuestos a matar.
En El Salvador, no es extraño escuchar a un militar de baja renegar de los derechos humanos, aduciendo que son meros límites a su efectividad en el combate a la delincuencia; o denunciar el garantismo de las leyes o requerir estados de excepción, en los que se puedan restringir garantías constitucionales, o que se militaricen las cárceles.
A la sola propuesta de que esté un militar al frente de la Seguridad Pública, la racionalidad, la sensatez y una mínima conciencia sobre la historia salvadoreña deberían decir que no. Hay suficientes razones para evitar este grave error, entre las que destaca la falta de respeto hacia la soberanía nacional que demostraría tal medida. Pero, principalmente, poner a un militar a cargo de la Seguridad Pública hablaría muy mal del respeto que podría esperarse del gobierno del cambio hacia los verdaderos intereses del pueblo salvadoreño.
¡No renunciemos a la civilidad de la Seguridad Pública!
Red En Defensa de la Humanidad
Capítulo Salvadoreño
1“Los efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi 60% de las denuncias; los miembros de los cuerpos de seguridad en aproximadamente el 25%; los miembros de las escoltas militares y de la defensa civil en aproximadamente el 20%; y los integrantes de los escuadrones de la muerte en más del 10% de los casos.”. Informe de la Comisión de la Verdad: De la locura a la esperanza.1992-1993
2Acuerdo para la seguridad y prosperidad de América del Norte, firmado por Canadá, Estados Unidos y México.
3Esto pudo verse recientemente cuando nueve militares salvadoreños, intentando evitar su captura solicitada por INTERPOL, se guarecieron en las instalaciones militares de la Ex Guardia Nacional. Ellos actuaron como militares de alta, se les dio tratamiento de militares de alta, el Ministerio de Defensa los protegió por su calidad de militares.
