DECLARACIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES EN EL VI FORO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE VENEZUELA ESTADO, REVOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE HEGEMONÍA

La actual crisis del sistema capitalista mundial es la más grave de su historia, en vista del alcance planetario del empobrecimiento y la exclusión de las mayorías, la devastación y la contaminación de los ecosistemas y la exacerbación de las guerras de rapiña del imperialismo; todo lo cual ha provocado levantamientos masivos en Estados Unidos, Europa, el Norte de África y el Medio Oriente.

Condenamos la agresión contra el pueblo de Libia por las fuerzas de la OTAN y el magnicidio contra su presidente. Estamos en contra de toda intervención extranjera en Siria y a favor de que sean los propios pueblos los que decidan su futuro. Rechazamos el genocidio del pueblo palestino por el gobierno sionista de Israel, la agresión contra Irak, la negación del derecho del pueblo Saharahui a su autodeterminación y la amenaza de desatar una guerra contra Irán. Los conflictos en curso en estas y otras naciones evidencian la exacerbación de la barbarie imperial contra los pueblos del mundo.

Conjuntamente con la proliferación de bases militares y las guerras de ocupación, la nueva estrategia imperial incluye la esclavización de las mentes y el corazón de las personas, mediante la llamada Guerra de Cuarta Generación. Cada día es más contundente la certeza de que sin ganar la batalla de las ideas corremos el peligro de perderlo todo.

En su estado actual, la crisis vuelve a desafiarnos y a exigirnos luchar, luchar y luchar en el campo de las ideas y en una praxis que, en lo concreto, garantice el camino al desarrollo pleno de la humanidad. Sin demoras.

Es hora de un gran movimiento mundial por la revolución del pensamiento. Las y los participantes de este VI Foro Internacional de Filosofía, declaramos nuestro compromiso con la emancipación de nuestros pueblos. Además de analizar la realidad nos hemos comprometido a transformarla desde nuestras trincheras. No vamos a quedarnos callados… estamos aquí para contribuir con nuestro pensamiento y nuestra praxis, hombro a hombro con los pueblos que hoy luchan por la preservación de la vida y la emancipación definitiva de la dominación capitalista.

Hemos debatido acerca de la urgencia de avanzar hacia la construcción de una nueva hegemonía y una nueva subjetividad. Esto implica ganar la batalla de la verdad contra la mentira; ganar la batalla del humanismo socialista contra la degradación que el capitalismo impone a los seres humanos y al planeta; alentar la hegemonía de la hermandad y la fraternidad contra el individualismo burgués; afianzar la hegemonía de la equidad contra las desigualdades; garantizar la hegemonía de la justicia social contra las injusticias… afirmar todas las fuerzas del humor, el respeto y la alegría.

Hemos analizado el papel de los Estados gobernados por revolucionarios en el escenario de la presente crisis y lo hemos identificado con responsabilidades y tareas irrenunciables, como motor indispensable, inclusivo y acelerador de la transición hacia el socialismo. Lo entendemos en su misión histórica de garantizar a la humanidad sus derechos y hemos debatido sobre el ser de un Estado que sólo cobra sentido con la participación directa de las bases, de los movimientos sociales y como su expresión más fiel y obediente.

Compartimos la extensión y la profundidad del clamor mundial contra el burocratismo que recorre todos los rincones del sentir social. Este burocratismo amenaza con desmoralizar, decepcionar, desmovilizar a los pueblos en beneficio de sus enemigos. Advertimos el peligro de que nuestros gobiernos se transformen en administradores de la crisis y no avancen hacia la transformación social. Demandamos un Estado comprometido con la ruptura de la lógica del capital y la emancipación de la humanidad.

UNASUR, PETROCARIBE, el ALBA-TCP y la reciente creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) constituyen hitos fundamentales en los procesos de transformación e integración emprendidos por los países de Nuestra América. Se trata de blindarnos contra los estragos del capital y garantizar la Paz, la Democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Su creación constituye un precedente histórico importante para la construcción de mecanismos similares de integración en África, Asia y otras regiones del mundo.

Celebramos el restablecimiento pleno de la salud del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías, así como el liderazgo político de Venezuela, la confianza moral y el respeto que inspira para concitar el encuentro de mandatarios, líderes sociales, intelectuales y pensadores de todo el mundo.

Hacemos votos porque el pueblo de Venezuela sepa que las y los trabajadores del pensamiento, nacionales e internacionales, participantes en este VI Foro, declaramos nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana en la construcción del socialismo y entendemos claramente que tenemos un lugar en el corazón de sus luchas. El mundo necesita el mensaje poderoso de la vitalidad democrática que crece en Venezuela y que se ratificará el próximo siete de octubre con la consolidación del proyecto socialista.

En Caracas, Venezuela, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil once.

María Mercedes Molina (Argentina), Juan José Bautista (Bolivia), Daniel Rodrígues (Brasil), Marta Harnecker (Chile), Ligia Machado (Colombia), Justo Soto Castellanos (Colombia), Aurelio Alonso (Cuba), Pablo Guadarrama (Cuba), Mely González Arostegui (Cuba), Félix Valdés García (Cuba), Juan Paz y Miño (Ecuador), Ramón Torres Galarza (Ecuador), Carlos Molina (El Salvador), Luis Alvarenga (El Salvador), Mireille Fanon Mendès-France (Martinica/Francia), Enrique Dussel (México), John Saxe Fernández (México), Fernando Buen Abad (México), José Manuel Moncada (Nicaragua), Emilio Pérez Cháves (Paraguay), Ana Maria Valencia (Perú), Elvis Arapa Díaz (Perú), Héctor Díaz-Polanco (Rep. Dominicana), Yamandú Acosta (Urugauy), Mario Sáenz (Estados Unidos), Nelson Maldonado-Torres (Estados Unidos), Ann Ferguson (Estados Unidos), Eduardo Mendieta (Estados Unidos), James Cockcroft (Estados Unidos), Michael Lebowitz (Canadá), François Houtart (Bélgica), Luis Alegre Zahonero (España), Carlos Fernández Liria (España), Santiago Zabala (España), Daniel Iraberri (España), Juan Carlos Monedero (España), Alfredo Gómez-Müller (Francia), João Maria André (Portugal), Catarina Almeida (Portugal), Miguel Urbano (Portugal), Youcef Saiah (Argelia), Serge Gougbèmon (Benin), Honorat Aguessy (Benin), Issa N’Diaye (Mali), Mohamed Ag Akératane (Mali), Thierno Diop (Senegal), Nalini Rajan (India). Por Venezuela: Pedro Calzadilla, Pável Rondón, Farruco Sesto, Eddy Córdova, Miguel Angel Contreras, Andrés Bansart, Chela Vargas, Víctor Alvarez, Gabriel Jiménez Emán, Néstor Francia, Iván Padilla Bravo, Giulio Santosuosso, Gustavo Fernández, Livia Vargas, Modaira Rubio, María Elena Rodríguez, Germán Yépez Colmenares, Carmen Bohórquez, Luis Felipe Bellorín, Shirley Fernández, Lino Morán, William Vanegas, Agustín del Moral, René Arias, Johán Méndez, Juan Romero, Roger Lázaro, Steven Bermúdez, José Javier León, Belín Vásquez, Omar Muñóz, Alexis Romero Salazar, Teresa Gamboa, Haydée Ochoa, Imelda Rincón, Antonio Castejón, Mireya Pérez, Roberto López, Roberto Jiménez Maggiolo, Morelis Gonzalo, Claudio García Soto, Angel Bustillos, César Prieto Oberto, Verónica Pirela, Ruth Jiménez, Jakeline Suárez, Wolfgang Villarreal, Orlando Villalobos, Javier Parra Olivares, Berta Vega, Vignny Moreno, Luz Neira Parra, Esther Macías,

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JUSTICIA TRIBUTARIA

Que pague más impuestos quien más ingresos recibe

Las condiciones económicas del Estado salvadoreño así como las condiciones sociales de la población obligan a una reestructuración del sistema tributario regresivo que se ha venido aplicando hasta ahora en nuestro país. En este sentido las organizaciones abajo firmantes, aunque todavía la considerada muy liviana, respaldan la propuesta que hace el gobierno para llevar a cabo una reforma fiscal más justa para los y las salvadoreñas, con base en los siguientes aspectos:

1. La carga tributaria en El Salvador, es decir, la parte del PIB que capta el gobierno a través de los impuestos, es apenas de un 15%,¹ una de las más bajas de América Latina; Brasil y Venezuela, por ejemplo, tienen cargas tributarias superiores al 30%.
2. Del poco dinero que el gobierno recauda, el 82% proviene de impuestos que paga la población asalariada (IVA, aranceles, impuestos selectivos, renta salarial y otros) y solo el 18% lo pagan los grandes y medianos empresarios,² en concepto de renta sobre sus utilidades, aún y cuando este sector capta el 60% de la riqueza que genera el país, contra un 25% de la gente asalariada³ y un 15% del gobierno. En otras palabras, tenemos un gobierno que recauda poco y que obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de impuestos que paga la población de menos recursos. El Salvador, desde el punto de vista fiscal, vive una inmoral e injusta realidad: los sectores más ricos aportan menos, que la mayoría pobre.
3. Los grandes empresarios, que aportan muy poco al fisco, evaden cada año alrededor de 1,500 millones de dólares del IVA que cobran y no le envían al gobierno, y de otras acciones fiscales que podrían reñir con la ley.⁴ Además, en los últimos diez años han sacado del país un promedio de 1,560 millones, para crear empresas o depositarlos en bancos del exterior⁵.
4. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por elevar sus ingresos, sobre todo para cumplir con el pago de la enorme deuda heredada de los gobiernos anteriores y para invertir más en el área social, sobre todo en educación, salud y obras públicas, donde se verifican algunos logros importantes. Pese a ello, el déficit fiscal sigue siendo alto, 4.5% del PIB y el gobierno está comprometido a bajarlo a 2.5%.
5. Para obtener más ingresos, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de medidas fiscales en el que propone aumentos en los impuestos a los sectores más adinerados del país. Entre otras cosas, el gobierno busca subir de 25% a 30% el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ponerle un impuesto a los dividendos de los accionistas de las empresas y elevar la renta que pagan las personas con salarios mayores a los 4,064 dólares al mes, o sea, las personas que ganan en un mes, lo que una familia que recibe mensualmente dos salarios mínimos, ganaría en aproximadamente un año.
6. Otra medida consiste en que las personas con salarios de hasta 503 dólares al mes no paguen renta ni tengan retenciones. Esta última medida beneficiaría a más de 82,000 personas, pues en este momento la renta se paga sobre un salario mayor a los 209 dólares al mes. Sobre este punto, sugerimos que en el caso de las mujeres paguen renta las que reciben un salario de más de 700 dólares al mes⁶.
7. Las medidas fiscales, aunque insuficientes, son justas, pues no afectarán al pueblo y elevarían la recaudación del Gobierno desde el aporte que pueden y están en capacidad de dar, las personas que más dinero tienen, que es como en justicia debió haber sido siempre. Las únicas medidas que deben modificarse son el impuesto a la renta de las mujeres asalariadas y el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que no debería ser generalizado, sino que debería recaer sobre las empresas que más ganan, que son las grandes. Un cambio podría ser que se le cargue el 30% a las ganancias que superen los 2 millones de dólares y que lleguen hasta los 10 millones de dólares, y que se les cargue el 35% a las que ganan más de 10 millones de dólares, como es el caso de algunos bancos y oligopolios.

La justicia tributaria consiste en que pague más impuestos quien más ingresos recibe. No se trata de castigar al progreso de quienes han sido exitosos y exitosas en su labor empresarial, tal como lo afirma la más ortodoxa representación del empresariado salvadoreño, cuyo eco resuena también en no pocos editoriales que buscan justificar lo injustificable. Se trata de un principio básico de justicia que se les ha negado históricamente a los sectores populares. Las medidas que propone el gobierno van en esa dirección. Esta es la misma demanda que en 1980 Monseñor Romero le hizo a la oligarquía: “Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos”.

Demandamos a la Asamblea Legislativa, que en aras de los intereses nacionales, apruebe las medidas sugeridas por el gobierno, con un cambio en el punto sobre la renta empresarial y salarial, para que mejore la inversión social que tanto necesita el país. El sistema debe cambiar, la crisis del capitalismo no deben cargarla más los pobres.

San Salvador, Diciembre 2011.

1 BCR. http://www.bcr.gob.sv/?x21=6

2 BCR. Ibidem

3 Ministerio de Economía. “Censo Económico 2005”

4 BID y BM. “El Salvador: Evaluación del Gasto Público” 20- 22 de septiembre, 2010

5 BCR. “Revista Trimestral octubre-diciembre de 2010”

6 Es una acción afirmativa, que lejos de violentar la igualdad jurídica, la refuerza en reconocimiento a las condiciones de inequidad en el tratamiento histórico a las mujeres.

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¡No al nombramiento de un militar!

 

Las Fuerzas Armadas en El Salvador, desde que realizaron la masacre de miles de campesinos e indígenas en 1932 hasta los Acuerdos de Paz de enero de 1992 estuvieron salpicadas de una adhesión y compromiso con el poder económico, se constituyeron en los garantes del mantenimiento del estatus quo de la oligarquía; esto trajo como consecuencia décadas de represión institucional contra el pueblo salvadoreño en distintos momentos de su historia.

El ejército salvadoreño, en cuyo seno se encontraban, como parte integrante del mismo, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, otrora cuerpos de seguridad responsables de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos antes y durante el conflicto armado en El Salvador¹, tuvo que ser depurado y rediseñado en su rol y sus competencias. Se reformó la Constitución, precisamente para ubicar a la Fuerza Armada en su competencia castrense, en lo que corresponde a un Estado que aspira a una democracia: La Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Hasta la Constitución de 1962 sus competencias eran además hacer cumplir la ley, mantener el orden público y garantizar los derechos constitucionales. Los cambios incluso, mandaron separar la Defensa Nacional y la Seguridad Pública.

Pero el espíritu de los Acuerdos de Paz y de las reformas constitucionales fueron más allá, buscando la civilidad de la conducción de la Seguridad Pública: se dijo expresamente que la Policía Nacional Civil quedaría bajo la dirección de autoridades civiles.

No obstante, los grandes acuerdos nacionales que se tomaron con relativa independencia para finalizar la guerra en 1992 ahora se ven avasallados por la política imperial militarista de los Estados Unidos, que se ha lanzado a todo el planeta justificándose como una respuesta a los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001 y teniendo como enemigos fundamentales el terrorismo y el narcotráfico.

El análisis del problema de la grave inseguridad pública en El Salvador no puede reducirse a lo nacional, ni tampoco a las maras y a las pandillas; pasa por un complejo entramado regional, que tiene a la base la criminalidad organizada, especialmente la narco actividad, cuya persecución ha sido reducida a formas y a medidas efectistas, sin resultados hacia los pueblos en la región.

Son varios aspectos a tener en cuenta:

a) La inseguridad ciudadana, uno de los más graves problemas para los pueblos en el triángulo norte de Centro América es, para otros, un enorme negocio: venta de armas, empresas de seguridad privada, empresas proveedoras de alimentación a los establecimientos penitenciarios, policiales o escuelas de policías. Esto trae consigo una ecuación nefasta: A más criminalidad, más y mejor negocio.

b) El Plan Puebla Panamá, el ASPAN², y el Plan Mérida, han empujado a la criminalidad organizada hacia Centro América, reduciendo la efectividad de las institucionalidad estatal, que no sólo se encuentra desbordada por la violencia y el crimen, sino que además ha sido permeada y penetrada sin control por los grupos criminales.

c) La política norteamericana tiene bajo su lupa y duramente cuestionadas a las policías civiles, a la seguridad pública coordinada desde el poder civil; la tónica es volver a militarizarla, buscando control hegemónico en la región en protección de su propios intereses, más que soluciones efectivas a la inseguridad que se vive; está ocurriendo en Guatemala, en Honduras y hay una amenaza muy fuerte sobre El Salvador.

d) No hay una decisión contundente de combate a la criminalidad organizada, esa que se ampara en el poder político y económico de los Estados; hay demasiados intereses en juego de los poderosos que impiden la definición de políticas públicas serias y efectivas contra la criminalidad. Esto trae consigo el combate sesgado y reduccionista de maras y pandillas, sin tener en cuenta que el accionar delincuencial de estas tiene que ver con problemas estructurales que no se afrontan y con la utilización que se hace de ellas para la narco actividad; tiene que ver con la falta de decisión del combate integral de la violencia y criminalidad: represión efectiva buscando superar la gravísima impunidad, pero también prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción a la vida económica y social de quienes han infringido la ley.

Esta compleja y trágica realidad para la región, demanda decisiones estructurales, estratégicas e inteligentes, que no son conciliables ni remotamente con que se ponga a militares al frente de la cartera de Seguridad Pública de los Estados. Va en dirección contraria a la misma historia y socava a las incipientes democracias que se están tratando de construir en la región.

En este marco de incertidumbres, se discute en El Salvador el próximo nombramiento del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, considerando la posibilidad de que tan grave carga recaiga en un militar. Lo cierto es que un militar, esté de alta o esté de baja, lleva en sí su formación, su filosofía. El ser civil no es una profesión, es una forma de vida, es una visión de la realidad, de identificar la realidad nacional y de identificar las soluciones a su problemática. La baja que les da el ejército no les despoja de su ser castrense³, de la formación de sus ideales, “de lo que saben hacer y de la forma en que lo hacen”. Se forman para el combate, están dispuestos a matar.

En El Salvador, no es extraño escuchar a un militar de baja renegar de los derechos humanos, aduciendo que son meros límites a su efectividad en el combate a la delincuencia; o denunciar el garantismo de las leyes o requerir estados de excepción, en los que se puedan restringir garantías constitucionales, o que se militaricen las cárceles.

A la sola propuesta de que esté un militar al frente de la Seguridad Pública, la racionalidad, la sensatez y una mínima conciencia sobre la historia salvadoreña deberían decir que no. Hay suficientes razones para evitar este grave error, entre las que destaca la falta de respeto hacia la soberanía nacional que demostraría tal medida. Pero, principalmente, poner a un militar a cargo de la Seguridad Pública hablaría muy mal del respeto que podría esperarse del gobierno del cambio hacia los verdaderos intereses del pueblo salvadoreño.

¡No renunciemos a la civilidad de la Seguridad Pública!

Red En Defensa de la Humanidad

                                  Capítulo Salvadoreño

1“Los efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi 60% de las denuncias; los miembros de los cuerpos de seguridad en aproximadamente el 25%; los miembros de las escoltas militares y de la defensa civil en aproximadamente el 20%; y los integrantes de los escuadrones de la muerte en más del 10% de los casos.”. Informe de la Comisión de la Verdad: De la locura a la esperanza.1992-1993

2Acuerdo para la seguridad y prosperidad de América del Norte, firmado por Canadá, Estados Unidos y México.

3Esto pudo verse recientemente cuando nueve militares salvadoreños, intentando evitar su captura solicitada por INTERPOL, se guarecieron en las instalaciones militares de la Ex Guardia Nacional. Ellos actuaron como militares de alta, se les dio tratamiento de militares de alta, el Ministerio de Defensa los protegió por su calidad de militares.

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