viernes, 9 de diciembre de 2011

JUSTICIA TRIBUTARIA


Que pague más impuestos quien más ingresos recibe

Las condiciones económicas del Estado salvadoreño así como las condiciones sociales de la población obligan a una reestructuración del sistema tributario regresivo que se ha venido aplicando hasta ahora en nuestro país. En este sentido las organizaciones abajo firmantes, aunque todavía la considerada muy liviana, respaldan la propuesta que hace el gobierno para llevar a cabo una reforma fiscal más justa para los y las salvadoreñas, con base en los siguientes aspectos:
  1. La carga tributaria en El Salvador, es decir, la parte del PIB que capta el gobierno a través de los impuestos, es apenas de un 15%,1 una de las más bajas de América Latina; Brasil y Venezuela, por ejemplo, tienen cargas tributarias superiores al 30%.
  2. Del poco dinero que el gobierno recauda, el 82% proviene de impuestos que paga la población asalariada (IVA, aranceles, impuestos selectivos, renta salarial y otros) y solo el 18% lo pagan los grandes y medianos empresarios,2 en concepto de renta sobre sus utilidades, aún y cuando este sector capta el 60% de la riqueza que genera el país, contra un 25% de la gente asalariada3 y un 15% del gobierno. En otras palabras, tenemos un gobierno que recauda poco y que obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de impuestos que paga la población de menos recursos. El Salvador, desde el punto de vista fiscal, vive una inmoral e injusta realidad: los sectores más ricos aportan menos, que la mayoría pobre.
  3. Los grandes empresarios, que aportan muy poco al fisco, evaden cada año alrededor de 1,500 millones de dólares del IVA que cobran y no le envían al gobierno, y de otras acciones fiscales que podrían reñir con la ley.4 Además, en los últimos diez años han sacado del país un promedio de 1,560 millones, para crear empresas o depositarlos en bancos del exterior5.
  4. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por elevar sus ingresos, sobre todo para cumplir con el pago de la enorme deuda heredada de los gobiernos anteriores y para invertir más en el área social, sobre todo en educación, salud y obras públicas, donde se verifican algunos logros importantes. Pese a ello, el déficit fiscal sigue siendo alto, 4.5% del PIB y el gobierno está comprometido a bajarlo a 2.5%.
  5. Para obtener más ingresos, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de medidas fiscales en el que propone aumentos en los impuestos a los sectores más adinerados del país. Entre otras cosas, el gobierno busca subir de 25% a 30% el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ponerle un impuesto a los dividendos de los accionistas de las empresas y elevar la renta que pagan las personas con salarios mayores a los 4,064 dólares al mes, o sea, las personas que ganan en un mes, lo que una familia que recibe mensualmente dos salarios mínimos, ganaría en aproximadamente un año.
  6. Otra medida consiste en que las personas con salarios de hasta 503 dólares al mes no paguen renta ni tengan retenciones. Esta última medida beneficiaría a más de 82,000 personas, pues en este momento la renta se paga sobre un salario mayor a los 209 dólares al mes. Sobre este punto, sugerimos que en el caso de las mujeres paguen renta las que reciben un salario de más de 700 dólares al mes6.
  7. Las medidas fiscales, aunque insuficientes, son justas, pues no afectarán al pueblo y elevarían la recaudación del Gobierno desde el aporte que pueden y están en capacidad de dar, las personas que más dinero tienen, que es como en justicia debió haber sido siempre. Las únicas medidas que deben modificarse son el impuesto a la renta de las mujeres asalariadas y el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que no debería ser generalizado, sino que debería recaer sobre las empresas que más ganan, que son las grandes. Un cambio podría ser que se le cargue el 30% a las ganancias que superen los 2 millones de dólares y que lleguen hasta los 10 millones de dólares, y que se les cargue el 35% a las que ganan más de 10 millones de dólares, como es el caso de algunos bancos y oligopolios.
La justicia tributaria consiste en que pague más impuestos quien más ingresos recibe. No se trata de castigar al progreso de quienes han sido exitosos y exitosas en su labor empresarial, tal como lo afirma la más ortodoxa representación del empresariado salvadoreño, cuyo eco resuena también en no pocos editoriales que buscan justificar lo injustificable. Se trata de un principio básico de justicia que se les ha negado históricamente a los sectores populares. Las medidas que propone el gobierno van en esa dirección. Esta es la misma demanda que en 1980 Monseñor Romero le hizo a la oligarquía: “Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos”.
Demandamos a la Asamblea Legislativa, que en aras de los intereses nacionales, apruebe las medidas sugeridas por el gobierno, con un cambio en el punto sobre la renta empresarial y salarial, para que mejore la inversión social que tanto necesita el país. El sistema debe cambiar, la crisis del capitalismo no deben cargarla más los pobres.


San Salvador, Diciembre 2011.
2 BCR. Ibidem
3 Ministerio de Economía. “Censo Económico 2005”
4 BID y BM. “El Salvador: Evaluación del Gasto Público” 20- 22 de septiembre, 2010
5 BCR. “Revista Trimestral octubre-diciembre de 2010”

6 Es una acción afirmativa, que lejos de violentar la igualdad jurídica, la refuerza en reconocimiento a las condiciones de inequidad en el tratamiento histórico a las mujeres.

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