¿Qué opina la clase laboral de la estrategia de generación de empleo y reactivación económica?
Por Roberto Flores. ContrapuntoSAN SALVADOR- Se lo preguntaron al secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, en una conferencia de prensa en la que una empresa extranjera anunciaba inversiones en El Salvador: "¿Cómo se va a garantizar que las empresas que vengan no dejen a los trabajadores a la deriva?".
La interrogante no es casual. Es una pregunta que ha comenzado a surgir entre trabajadores y trabadoras y personas desempleadas o en condiciones de sub empleo, desde que se habla de la estrategia de reactivación económica que impulsa el Ejecutivo, con la que promete generar fuentes de trabajo.
“¿Qué va a pasar con nosotros?”, se preguntan.
Tras escuchar la pregunta del periodista, Segovia respondió con un tono certero.
“La instrucción que se le ha dado al ministro de Trabajo es que haga cumplir la ley a esas empresas que no estén dando las condiciones adecuadas para que los trabajadores y trabajadoras hagan su trabajo, obviamente están violando la ley y por lo tanto hay que sancionarlas”, dijo.
Es una respuesta que al enfrentarla a sindicalistas y expertos en temas laborales genera distintas reacciones: de apoyo, de tono crítico, o una curiosa mezcla de ambas.
La estrategia
Comenzó a sonar en 2011. Era un tema constante en los discursos del presidente salvadoreño Mauricio Funes y del mismo Segovia, con el cual plantaban cara a los críticos que atacaban el pobre dinamismo de la economía salvadoreña, uno de los talones de Aquiles de los últimos dos gobiernos (quizás el principal luego de que una tregua entre pandillas resolviera parcialmente el otro obstáculo: la violencia).
La estrategia de reactivación económica comenzó a configurarse tras esos discursos. Sus piezas han sido concebidas por mentes al interior del gabinete económico y en oficinas de ejecutivos de las agencias de cooperación en Estados Unidos.
Hace un mes la estrategia fue presentada por el gabinete económico liderado por Segovia. Es un plan tan amplio y con tantos componentes que mereció ser bautizada con un nombre: El Nuevo Ciclo para la Inversión, el Desarrollo y el Empleo.
La estrategia es un barco que busca transportar la economía contra fuertes corrientes: niveles de crecimiento de los más bajos de Latinoamérica, de alrededor 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y niveles de inversión de entre 12% y 13%, lejos de los promedios regionales que superan el 20%. Producto de eso, las finanzas públicas del país atraviesan una situación preocupante, con un déficit que ronda el 3% y un ratio de deuda del 55% del PIB.
El nombre con el que se bautizó a la estrategia no podía ser más idóneo para necesidades tan apremiantes: inversión, desarrollo y, por supuesto, empleo.
Empleo, una de las principales variables en la economía y una palabra desconocida para el 6.6% de la población salvadoreña económicamente activa, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2011, presentada recientemente por el Ejecutivo.
Otro dato más revelador sobre la situación real de esta población lo brindan los números relacionados al sub empleo: sólo en la zona urbana la tasa de sub empleo asciende al 32.7% de la población económicamente activa, personas que trabajan por salarios inferiores al mínimo, en condiciones precarias con respecto a un trabajo digno y a expensas de lo que un empleo temporal les pueda dar.
La estrategia económica del Ejecutivo pretende cambiar el rostro a esos números, de acuerdo a funcionarios del gabinete económico. Incluso, las constantes menciones de la palabra empleo, al hablar de la estrategia, han sido acompañadas de un calificativo: empleo de calidad. Según el gobierno, ese será el resultado casi automático de las inversiones que se generaran con los incentivos que componen la estrategia.
Y es que la anatomía de esta ha sido creada para tal fin: un paquete de reformas de ley y nuevas normativas para generar un mejor clima de inversión, un segundo FOMILENIO y un Asocio para el Crecimiento (ambas iniciativas provenientes de Estados Unidos) en donde los inversionistas jugarán un papel protagónico; y un plan para agilizar los trámites burocráticos que pretende eliminar los tediosos procesos a los que se someten los empresarios.
Ninguno de los componentes hace alusión directa a las garantías laborales para hacer que los empleos que se generen sean empleos de calidad.
“La idea es revisar, actualizar, mejorar los incentivos económicos, toda la parte laboral no fue reformada. Eso creemos que puede ser sujeto a futuras reformas”, ha dicho el secretario técnico.
Hablar de aumento salariales, añade, tampoco es una prioridad en este momento para el Ejecutivo. Bajo la visión gubernamental, la cual es compartida por las gremiales empresariales, un aumento de salarios en un momento en donde las empresas experimentan los efectos de la desaceleración económica mundial, sería contraproducente.
En ambos puntos muestra su desacuerdo uno de los fundadores del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), Gilberto García.
“¿Qué va a pasar con nosotros?”, se preguntan.
Tras escuchar la pregunta del periodista, Segovia respondió con un tono certero.
“La instrucción que se le ha dado al ministro de Trabajo es que haga cumplir la ley a esas empresas que no estén dando las condiciones adecuadas para que los trabajadores y trabajadoras hagan su trabajo, obviamente están violando la ley y por lo tanto hay que sancionarlas”, dijo.
Es una respuesta que al enfrentarla a sindicalistas y expertos en temas laborales genera distintas reacciones: de apoyo, de tono crítico, o una curiosa mezcla de ambas.
La estrategia
Comenzó a sonar en 2011. Era un tema constante en los discursos del presidente salvadoreño Mauricio Funes y del mismo Segovia, con el cual plantaban cara a los críticos que atacaban el pobre dinamismo de la economía salvadoreña, uno de los talones de Aquiles de los últimos dos gobiernos (quizás el principal luego de que una tregua entre pandillas resolviera parcialmente el otro obstáculo: la violencia).
La estrategia de reactivación económica comenzó a configurarse tras esos discursos. Sus piezas han sido concebidas por mentes al interior del gabinete económico y en oficinas de ejecutivos de las agencias de cooperación en Estados Unidos.
Hace un mes la estrategia fue presentada por el gabinete económico liderado por Segovia. Es un plan tan amplio y con tantos componentes que mereció ser bautizada con un nombre: El Nuevo Ciclo para la Inversión, el Desarrollo y el Empleo.
La estrategia es un barco que busca transportar la economía contra fuertes corrientes: niveles de crecimiento de los más bajos de Latinoamérica, de alrededor 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y niveles de inversión de entre 12% y 13%, lejos de los promedios regionales que superan el 20%. Producto de eso, las finanzas públicas del país atraviesan una situación preocupante, con un déficit que ronda el 3% y un ratio de deuda del 55% del PIB.
El nombre con el que se bautizó a la estrategia no podía ser más idóneo para necesidades tan apremiantes: inversión, desarrollo y, por supuesto, empleo.
Empleo, una de las principales variables en la economía y una palabra desconocida para el 6.6% de la población salvadoreña económicamente activa, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2011, presentada recientemente por el Ejecutivo.
Otro dato más revelador sobre la situación real de esta población lo brindan los números relacionados al sub empleo: sólo en la zona urbana la tasa de sub empleo asciende al 32.7% de la población económicamente activa, personas que trabajan por salarios inferiores al mínimo, en condiciones precarias con respecto a un trabajo digno y a expensas de lo que un empleo temporal les pueda dar.
La estrategia económica del Ejecutivo pretende cambiar el rostro a esos números, de acuerdo a funcionarios del gabinete económico. Incluso, las constantes menciones de la palabra empleo, al hablar de la estrategia, han sido acompañadas de un calificativo: empleo de calidad. Según el gobierno, ese será el resultado casi automático de las inversiones que se generaran con los incentivos que componen la estrategia.
Y es que la anatomía de esta ha sido creada para tal fin: un paquete de reformas de ley y nuevas normativas para generar un mejor clima de inversión, un segundo FOMILENIO y un Asocio para el Crecimiento (ambas iniciativas provenientes de Estados Unidos) en donde los inversionistas jugarán un papel protagónico; y un plan para agilizar los trámites burocráticos que pretende eliminar los tediosos procesos a los que se someten los empresarios.
Ninguno de los componentes hace alusión directa a las garantías laborales para hacer que los empleos que se generen sean empleos de calidad.
“La idea es revisar, actualizar, mejorar los incentivos económicos, toda la parte laboral no fue reformada. Eso creemos que puede ser sujeto a futuras reformas”, ha dicho el secretario técnico.
Hablar de aumento salariales, añade, tampoco es una prioridad en este momento para el Ejecutivo. Bajo la visión gubernamental, la cual es compartida por las gremiales empresariales, un aumento de salarios en un momento en donde las empresas experimentan los efectos de la desaceleración económica mundial, sería contraproducente.
En ambos puntos muestra su desacuerdo uno de los fundadores del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), Gilberto García.
De acuerdo al experto en temas laborales, la reactivación económica no puede pensarse sin considerar el componente laboral, pasando por las garantías sociales para los trabajadores y –subraya– el aumento salarial. Concentrar los esfuerzos en solo mejorar el clima de negocios para los inversionistas, asegura, es una estrategia incompleta.
“Las empresas internacionales han tenido todas las facilidades desde los años noventa y no han llegado ¿Por qué? Porque el mercado salvadoreño es poco atractivo porque no solo es pequeño sino tiene poca capacidad de demanda porque la gente tiene bajos salarios e ingresos, lo que en términos económicos lo hace más pequeño”, explica.
Según García, los incentivos propuestos por el gobierno no van a atraer inversión extranjera a un mercado de consumo y de trabajo con pocos atractivos.
“Si el gobierno quisiera atraer mayor inversión extranjera debería tener una política salarial progresista y progresiva para aumentar la capacidad de demanda de la clase trabajadora salvadoreña y generar dinamismo en el mercado interno”, indica.
Un incremento salarial, desde la visión del fundador del CEAL, debe responder a una cualificación de la mano de obra salvadoreña para poder acceder a actividades mejor remuneradas diferentes a la maquila textil y los call centers, los cuales han ido expandiéndose en la economía salvadoreña.
“Por eso en Centroamérica, Costa Rica, siendo en términos numéricos con menos población que El Salvador (4.7 millones contra cerca de 6 millones) atrae más inversión extranjera, porque tiene una alta cuantificación de la mano de obra y la población tiene capacidad de consumo debido a que tiene los salarios más altos de la región”, sostiene.
El tema de la cualificación de la mano de obra está implícito dentro de la estrategia que el Ejecutivo impulsa. Sin embargo, para García el tema de la cualificación debe pensarse en serio haciendo inversiones reales en el tema educativo.
“La expansión de la educación técnica y universitaria es urgente, necesitamos una producción en el país de profesionales, técnicos, mano de obra calificada de manera masiva, para tener una mano de obra cualificado, laboriosa y ejemplar”, dice.
Otro de los miembros del CEAL, Oscar Bolaños, opina que la atracción de inversiones no necesariamente genera empleos de forma masiva y de calidad. La experiencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es muestra de ellos, asegura.
“Del primer tratado con México, por ejemplo, dijeron que iba a generar 250 mil empleos, de eso pues de igual forma no lo vimos claro”, dice. Para Bolaños, si bien existe una gran necesidad de empleos en el país, si lo que se generan son empleos precarios, que no van con la libertad sindical, la situación de los trabajadores será vulnerable.
Es una visión que comparte Estela Ramírez, dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores, Sastres, Costureras y Similares (SITRASACOSI).
“Nuestra perspectiva hacia la propuesta del gobierno de generar empleos es que estos realmente vayan enmarcados en el concepto que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) da como trabajo decente, y el trabajo decente es aquel en el que el trabajador tiene un salario que le alcance para vivir él y su familia”, asegura.
“Sí queremos inversiones, sí queremos puestos de empleo, pero queremos también que se garantice lo mínimo para la subsistencia de los trabajadores y las trabajadoras”, añade.
De acuerdo a Ramírez, esto pasa por redoblar los esfuerzos de supervisión del Ministerio de Trabajo, "dotarlo de más dientes" para que haga cumplir las leyes laborales a las empresas que están por invertir.
De la misma opinión es García, desde el CEAL.
"Creo que el Ministerio de Trabajo avanzó durante esta administración en cuanto a mejorar su capacidad en el área de inspección de trabajo", dice.
"Lo que falta es mayor respeto y autoridad a los resultados de las inspecciones, lo cual se lograría al condicionar los incentivos y beneficios fiscales al cumplimiento de las recomendaciones de la Inspección de Trabajo en los casos que se detecten infracciones", señala.
Las piezas que se proponen
La anatomía de la estrategia de reactivación económica que empuja el Ejecutivo está incompleta, dicen las fuentes consultadas.
Algunos han comenzado a hacer lo propio para garantizar el cumplimiento del Código de Trabajo y que el crecimiento económico que se busca no sea sinónimo de atropellos de los derechos laborales.
El pasado 12 de septiembre, los sindicatos SITCOM (de trabajadores de las telecomunicaciones), STIT (del sector textil) y SITRASACOSI, miembros de la Federación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (FUERSA), presentaron ante los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa una Reforma a la Ley de Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo.
Estela Ramírez fue parte del grupo de personas que presentó las reformas.
Las reformas plantean facultar al Ministerio de Trabajo para que de oficio denuncie ante el Ministerio de Economía a aquellas empresas cobijadas bajo dicha ley que violen derechos contemplados en el Código de Trabajo, como la libertad sindical y la igualdad de género.
El Ministerio de Economía tendría la potestad, por ley, para retirar por un periodo de tres meses los incentivos fiscales contemplados en la normativa a las empresas denunciadas.
En caso de que estas reincidan, asegura Ramírez, el Ministerio de Economía puede retirar de forma definitiva dichos incentivos.
Actualmente, según García, el Ministerio de Trabajo solamente tiene la facultad de imponer multas ante estas infracciones al Código de Trabajo. La mayor de estas asciende a un monto de $57.14, por lo cual las empresas prefieren pagar la multa a tener que cumplir con lo establecido en la norma laboral, señala.
"La reforma es necesaria para que las empresas que sean beneficiarias de incentivos fiscales respeten las recomendaciones de las inspecciones del Ministerio de Trabajo cuando se detectan infracciones a las leyes laborales, ya que si no lo hacen perderían sus beneficios y las exenciones de impuestos", añade.
Reformas como estas, según las fuentes, son las que hacen falta dentro de la estrategia económica del gobierno.
“Las empresas internacionales han tenido todas las facilidades desde los años noventa y no han llegado ¿Por qué? Porque el mercado salvadoreño es poco atractivo porque no solo es pequeño sino tiene poca capacidad de demanda porque la gente tiene bajos salarios e ingresos, lo que en términos económicos lo hace más pequeño”, explica.
Según García, los incentivos propuestos por el gobierno no van a atraer inversión extranjera a un mercado de consumo y de trabajo con pocos atractivos.
“Si el gobierno quisiera atraer mayor inversión extranjera debería tener una política salarial progresista y progresiva para aumentar la capacidad de demanda de la clase trabajadora salvadoreña y generar dinamismo en el mercado interno”, indica.
Un incremento salarial, desde la visión del fundador del CEAL, debe responder a una cualificación de la mano de obra salvadoreña para poder acceder a actividades mejor remuneradas diferentes a la maquila textil y los call centers, los cuales han ido expandiéndose en la economía salvadoreña.
“Por eso en Centroamérica, Costa Rica, siendo en términos numéricos con menos población que El Salvador (4.7 millones contra cerca de 6 millones) atrae más inversión extranjera, porque tiene una alta cuantificación de la mano de obra y la población tiene capacidad de consumo debido a que tiene los salarios más altos de la región”, sostiene.
El tema de la cualificación de la mano de obra está implícito dentro de la estrategia que el Ejecutivo impulsa. Sin embargo, para García el tema de la cualificación debe pensarse en serio haciendo inversiones reales en el tema educativo.
“La expansión de la educación técnica y universitaria es urgente, necesitamos una producción en el país de profesionales, técnicos, mano de obra calificada de manera masiva, para tener una mano de obra cualificado, laboriosa y ejemplar”, dice.
Otro de los miembros del CEAL, Oscar Bolaños, opina que la atracción de inversiones no necesariamente genera empleos de forma masiva y de calidad. La experiencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) es muestra de ellos, asegura.
“Del primer tratado con México, por ejemplo, dijeron que iba a generar 250 mil empleos, de eso pues de igual forma no lo vimos claro”, dice. Para Bolaños, si bien existe una gran necesidad de empleos en el país, si lo que se generan son empleos precarios, que no van con la libertad sindical, la situación de los trabajadores será vulnerable.
Es una visión que comparte Estela Ramírez, dirigente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores, Sastres, Costureras y Similares (SITRASACOSI).
“Nuestra perspectiva hacia la propuesta del gobierno de generar empleos es que estos realmente vayan enmarcados en el concepto que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) da como trabajo decente, y el trabajo decente es aquel en el que el trabajador tiene un salario que le alcance para vivir él y su familia”, asegura.
“Sí queremos inversiones, sí queremos puestos de empleo, pero queremos también que se garantice lo mínimo para la subsistencia de los trabajadores y las trabajadoras”, añade.
De acuerdo a Ramírez, esto pasa por redoblar los esfuerzos de supervisión del Ministerio de Trabajo, "dotarlo de más dientes" para que haga cumplir las leyes laborales a las empresas que están por invertir.
De la misma opinión es García, desde el CEAL.
"Creo que el Ministerio de Trabajo avanzó durante esta administración en cuanto a mejorar su capacidad en el área de inspección de trabajo", dice.
"Lo que falta es mayor respeto y autoridad a los resultados de las inspecciones, lo cual se lograría al condicionar los incentivos y beneficios fiscales al cumplimiento de las recomendaciones de la Inspección de Trabajo en los casos que se detecten infracciones", señala.
Las piezas que se proponen
La anatomía de la estrategia de reactivación económica que empuja el Ejecutivo está incompleta, dicen las fuentes consultadas.
Algunos han comenzado a hacer lo propio para garantizar el cumplimiento del Código de Trabajo y que el crecimiento económico que se busca no sea sinónimo de atropellos de los derechos laborales.
El pasado 12 de septiembre, los sindicatos SITCOM (de trabajadores de las telecomunicaciones), STIT (del sector textil) y SITRASACOSI, miembros de la Federación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (FUERSA), presentaron ante los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa una Reforma a la Ley de Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo.
Estela Ramírez fue parte del grupo de personas que presentó las reformas.
Las reformas plantean facultar al Ministerio de Trabajo para que de oficio denuncie ante el Ministerio de Economía a aquellas empresas cobijadas bajo dicha ley que violen derechos contemplados en el Código de Trabajo, como la libertad sindical y la igualdad de género.
El Ministerio de Economía tendría la potestad, por ley, para retirar por un periodo de tres meses los incentivos fiscales contemplados en la normativa a las empresas denunciadas.
En caso de que estas reincidan, asegura Ramírez, el Ministerio de Economía puede retirar de forma definitiva dichos incentivos.
Actualmente, según García, el Ministerio de Trabajo solamente tiene la facultad de imponer multas ante estas infracciones al Código de Trabajo. La mayor de estas asciende a un monto de $57.14, por lo cual las empresas prefieren pagar la multa a tener que cumplir con lo establecido en la norma laboral, señala.
"La reforma es necesaria para que las empresas que sean beneficiarias de incentivos fiscales respeten las recomendaciones de las inspecciones del Ministerio de Trabajo cuando se detectan infracciones a las leyes laborales, ya que si no lo hacen perderían sus beneficios y las exenciones de impuestos", añade.
Reformas como estas, según las fuentes, son las que hacen falta dentro de la estrategia económica del gobierno.
Segovia, y el resto del gabinete económico, han cifrado sus esperanzas de ver mayores niveles de crecimiento, y revertir la tendencia vista hasta hora, en ese plan. La fe de los empleados en él no es tan grande.
El plazo para ver los efectos son los 12 meses del 2013, ha dicho el secretario técnico. Quizás en ese periodo se comprobará la respuesta que Segovia dio al periodista en aquella conferencia de prensa.
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