La Carta Magna es el destino, nuestro destino

Noam Chomsky

La Jornada

Sucesos recientes marcan una trayectoria amenazadora, en forma suficientemente clara, que quizá valga la pena ver hacia el futuro unas cuantas generaciones, hasta el aniversario milenario de uno de los grandes hitos en el establecimiento de los derechos civiles y humanos: la creación de la Carta Magna, la cédula de las libertades inglesas que le fue impuesta al rey Juan en 1215.

Lo que hagamos ahora mismo o dejemos de hacer determinará qué tipo de mundo recibirá al aniversario. No es una perspectiva atractiva –en buena parte porque la Carta Magna está siendo desgarrada frente a nuestros ojos.

La primera edición académica de la Carta Magna fue publicada en 1759 por el jurista William Blackstone, cuya obra fue una de las fuentes de la legislación constitucional de Estados Unidos. Fue intitulada The great charter and the charter of the forest, siguiendo las prácticas previas. Ambas cartas son altamente significativas hoy día.

La primera, la Carta de las Libertades, es generalmente reconocida como la piedra toral de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa –o como expresó Winston Churchill, en forma más amplia, la carta de cualquier hombre que se respete así mismo en cualquier tiempo y cualquier tierra.

En 1679 la carta se vio enriquecida por la ley de habeas corpus, oficialmente llamada una ley para mejor aseguramiento de la libertad del sujeto y para prevenir el encarcelamiento allende los mares. La versión moderna, más severa, es llamada rendición –encarcelamiento con fines de tortura.

Junto con buena parte de la legislación inglesa, la ley fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos, la cual afirma que el auto de habeas corpus no será suspendido salvo en caso de rebelión o invasión. En 1961, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los derechos garantizados por esta ley fueron considerados por los fundadores como la más importante salvaguarda de la libertad.

Más específicamente, la Constitución garantiza que ninguna persona (será) privada de vida, libertad o propiedad sin el proceso debido de la ley (y) un juicio rápido y público por sus pares.

El Departamento de Justicia explicó recientemente que esas garantías han quedado satisfechas por deliberaciones internas en la rama ejecutiva, como informaron Jo Becker y Scott Shane a The New York Times el 20 de mayo. Barack Obama, el abogado constitucional de la Casa Blanca, estuvo de acuerdo. El rey Juan hubiera asentido con satisfacción.

El principio subyacente de presunción de inocencia también ha recibido una interpretación original. En el cálculo de la lista de ejecución de terroristas del presidente todo varón en edad militar en una zona de ataque es contado, de hecho, como combatiente, a menos que haya conocimiento póstumo que pruebe su inocencia, explicaron Becker y Shane. Esta determinación de inocencia posterior al asesinato es suficiente, actualmente, para mantener este principio sagrado.

Esto es sólo una muestra del desmantelamiento de la carta de todo hombre que se respete a sí mismo.

La Carta del Bosque que la acompaña es quizá incluso más pertinente hoy día. Demandaba protección del pueblo bajo o vulgo por el poder externo. Ese vulgo era la fuente de mantenimiento para la población en general –su combustible, sus alimentos, sus materiales de construcción. El Bosque no era la tierra llana. Era tierra cuidadosamente nutrida, mantenida en común, con riquezas disponibles para todos, preservada para generaciones futuras. Para el siglo XVII, la Carta del Bosque había caído víctima de la economía de materias primas, de la práctica del capitalismo y de la moralidad. Ya no protegida por cooperativas y por su uso, los comunes estaban restringidos a lo que no podía ser privatizado –una categoría que sigue reduciéndose ante nuestros ojos. El mes pasado, el Banco Mundial decretó que la multinacional minera Pacific Rim puede proceder en su caso contra El Salvador por tratar de preservar tierras y materias primas y comunidades contra la altamente destructiva minería de oro. La protección ambiental privaría a la compañía de ganancias futuras, un crimen según las reglas del régimen de derechos de inversionistas mal llamado libre comercio.

Éste es sólo un ejemplo de las luchas que se libran hoy en buena parte del mundo, algunas con violencia extrema, como en Congo, rico en recursos, donde millones de seres humanos han sido asesinados en años recientes para asegurar una reserva amplia de minerales para teléfonos celulares y otros usos, y, por supuesto, amplias utilidades.

El desmantelamiento de la Carta del Bosque trajo consigo una revisión radical de cómo los comunes son concebidos, capturada en 1968 por la influyente tesis de Garret Hardin, que asegura la libertad en los comunes nos causa ruina a todos, la famosa tragedia de los comunes. Lo que no es de propiedad privada será destruido por la avaricia individualista. La doctrina no carece de ser desafío. Elinor Olstrom ganó el Premio Nobel Memorial en Ciencias Económicas en 2009 por su trabajo para mostrar la superioridad de los comunes administrados por sus usuarios.

Pero la doctrina tiene fuerza si nosotros aceptamos el principio implícito de que los seres humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores estadounidenses, en la aurora de la revolución industrial, llamaron el nuevo espíritu de la era, obtener riqueza olvidándose de todo menos de uno mismo –doctrina que ellos condenaron amargamente como destructiva, ataque contra la naturaleza misma del pueblo.

Enormes esfuerzos se han dedicado desde entonces a inculcar el nuevo espíritu de la era. Grandes industrias dedicadas a lo que el economista político Thorstein Veblem llamó fabricar deseos –dirigir a la gente a las cosas superficiales de la vida, como el consumismo de modas” en las palabras de Paul Nystrom, profesor de mercadotecnia de la Universidad de Columbia.

De esa forma la gente puede ser atomizada, dedicada sólo a la búsqueda de ganancia personal y alejada de esfuerzos peligrosos, como pensar por su cuenta, unidos y desafiar a la autoridad.

Es innecesario pensar en los peligros extremos planteados por un elemento central de la destrucción de los comunes: la dependencia de combustibles fósiles, que plantea un desastre global. Se puede debatir acerca de los detalles, pero hay escasas dudas serias de que los problemas son demasiado reales y que en la medida que posterguemos su solución más terrible será el legado que dejemos a las próximas generaciones. La reciente conferencia de Río+20 es el esfuerzo más reciente. Sus aspiraciones eran pequeñas y su resultado irrisorio.

A la cabeza en enfrentarse a esta crisis, a lo largo del mundo, se encuentran las comunidades indígenas. La posición más firme ha sido tomada por el país que ellos gobiernan, Bolivia, el país más pobre en Sudamérica y, durante siglos, víctima de la destrucción de sus ricos recursos por occidente.

Después del ignominioso colapso de la cumbre de cambio climático global en Copenhague, en 2000, Bolivia organizó una cumbre de pueblos con 35 mil participantes de 140 países. La cumbre hizo un llamado para la severa reducción de emisiones y una Declaración de Derechos de la Madre Tierra. Ésa es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo.

La demanda es ridiculizada por los occidentales sofisticados, pero a menos que podamos adquirir algo de la sensibilidad de las comunidades indígenas es muy probable que ellos rían al último –una risa de amarga desesperación.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/index.php?section=opinion&article=026a1mun

Read More

La Eurocopa: una medicina para España

Elvis Nataren, Abriendo Brecha

La Roja sigue desbordando mucha locura con su Copa. Creo que es bueno escribir sobre esa dosis de medicina para los españoles. Ningún ciudadano de ese país puede ignorar con sus problemas económicos que les aqueja, sobre los 752 millones de Euros que deben al fisco los clubes Españoles, cuanto no podrían hacer por la educación y medicina de 11 millones de Españoles en banca rota, si no evadieran impuestos. También deben a sus jugadores 10,6 millones de Euros en seguridad social. Soy aficionado al futbol, pero no puedo cegar la corrupción de los iluminados jugadores españoles, que cuestan casi 654 millones de Euros en el mercado, mientras más de 2 millones de niños de ese país viven la miseria en los hogares más pobres.

En su conjunto se calcula que todos los jugadores que participaron en la Euro, valen 3,756 millones de Euros, creo que valdría la pena rescatar las economías de los países mas hundidos en la crisis de su comunidad Europea con esa plata.

Las dos selecciones de futbol que se disputaron la final, representan también a dos países con unas economías derrumbadas, con unas sociedades que inician el camino de la colonización sin poder defenderse de la fuerza brutal que impone la señora Markel.

En todo este lío de fiesta y bronca, económicamente Grecia quedo en la vil calle, con una banca rota que desequilibro a todo un conjunto de países que se creían los súper blindados hace unos años, con moneda de circulación regional, con facilidades de satisfacción de los servicios básicos de sus ciudadanos a costa de las hambrunas en África.

Mientras se daban todos estos cuentos, el gobierno Griego mintió al parlamento Europeo por mas 4 años sobre su sanidad económica, lo cual ahora se revela con un descalabro terrible para aquellos países como Italia que siempre estuvieron amortiguando sus deudas en hombros ajenos, alcanzando en estos momentos una deuda histórica arriba del 120% de su PIB.

La especulación con los prestamos realizados por los bancos privados al gobierno Griego, se volvieron impagables con tazas en un principio entre 6% y 18%, absorbiendo intereses por ahora que llegan a representar hasta el 100% de lo que fueron los contratos en el pasado. Para tener una idea, Grecia tendría que continuar pagando el 8% de PIB solo en intereses, tremendo suicidio. Criticó fuertemente la política del Banco Central Europeo, por ser el arraigo de la Mafia culpable del sufrimiento de esos pueblos. Una institución que funciona para los banqueros privados, dándoles préstamos con tasas de intereses del 1% y estos usándolo para sangrentar el pueblo Griego. Los funcionarios del BCE tienen la solución de la gravedad del caso, cambiando muchas de sus reglas que impiden el rescate directo, sin intermediarios.

La falsedad de las elecciones en Grecia fue otro alboroto, donde la metida de mano de los Gringos en ese asunto que debía sanamente ver resuelto el pueblo Griego, tampoco tiene rumbo para Europa. Las deudas en general alcanzan los niveles que marcan en unos países hasta arriba de su PIB total, entonces los costos del rescate ya no tienen consenso, la lucha entre potencias de la región está muy marcada, la resistencia Imperialista de Alemania hace mas larga la agonía del resto de países hundidos en la crisis. Sin duda Alemania será nuevamente la reina Imperialista de Europa, no dejara escapar la oportunidad servida en su bandeja. Atropellaran la soberanía y derecho a la existencia de millones de personas en Italia, España, Grecia, etc.

El G20, culpable de todo y en todo rincón donde existe pobreza, exige compromisos serios a Europa para una pronta solución, es terrible lo que exige la reunión de el mecanismo mas verdugo conocido en la Globalización financiera.

Las luchas sociales en España, terminaran siendo tal como las 14 huelgas generales del pueblo Griego por los tantos recortes sociales, y cada día será mas fuerte la presión sobre estas sociedades no tan acostumbradas a los golpes que generan esos recortes. Durante mucho tiempo solo observaron desde lejos la situación crítica que sufrimos en América Latina, por la adopción del modelo Neoliberal.

Creo que es necesario dirigirse a los ciegos gobiernos Centro Americanos que creen en el TLC con Europa.

Sin duda lo de la copa para España no será medicina que dure mucho tiempo.

Tsukuba, Ibaraki, Japón.

Read More

Un golpe teñido de color verde

En opinión del sacerdote y antropólogo Bartomeu Meliá, la destitución del presidente Fernando Lugo fue una maniobra "para asegurar un modelo de país atrasado" y beneficiar a los grupos sojeros

Por Germán De los Santos (germandls@gmail.com)

"Si pone una pequeña introducción, no exagere". La recomendación de Bartomeu Meliá puede interpretarse de diferentes maneras, aunque es complicado no caer en la exageración al escribir sobre la historia reciente del Paraguay, un país donde hace 100 años el escritor y periodista Rafael Barrett (reeditado recientemente en Capital Intelectual), autor de la crónica Lo que son los yerbales, decía: "Es fácil volcar un gobierno, pero difícil cambiar las costumbres de gobernar. Fácil es cortar cabezas; difícil que retoñen".

Hace más de un siglo, Barrett hizo un relato sobre el poder que tenían en el país los latifundistas de la yerba. "Paraguay es la negrera de sus hijos" apuntaba. Hoy esa estructura económica, social y política se entrelaza de manera casi feudal ya no entre los arbustos de yerba sino entre la soja. "El golpe de Estado es el de Monsanto para asegurar un modelo de país atrasado para beneficio de la soja", escribe en un mail Bartomeu Meliá desde Paraguay, país al que este sacerdote jesuita llegó en 1954 el mismo año en que Alfredo Stroessner llegó al poder. Además de cura, Meliá —quien participó de la expedición Paraná Ra'Anga, que salió de Rosario en marzo de 2010— es antropólogo y lingüista. Gran parte de su vida la pasó en el Paraguay "profundo" con las comunidades originarias, donde buscó aprender y estudiar la lengua guaraní.

Meliá vivió de cerca la destitución de Fernando Lugo el 22 de junio pasado. Siguió el juicio político desde la plaza frente al Congreso, donde tras asumir el liberal Federico Franco la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que repudiaron la llegada al poder del ex compañero de fórmula de Lugo.

—Usted llegó a Paraguay en 1954, poco tiempo después de la asunción del dictador Alfredo Stroessner. Con toda su experiencia recorrida, ¿cómo siente que Paraguay haya retrocedido tras el golpe en democracia contra Lugo?

—Entonces tenía 22 años, y mi tarea principal, casi única, era aprender guaraní, y lo hacíamos en una pequeña ciudad, Paraguarí, entonces sin ruta asfaltada y sin electricidad. Por algunas lecturas sabía que en el Paraguay había habido revoluciones y golpes de Estado frecuentes. Poco más. El interior del país estaba por ser "descubierto" y los indígenas vivían abandonados, pero en paz. El contexto actual es diferente; la dependencia colonial que vivimos ahora tiene raíces más profundas, es más cobarde y más sinvergüenza. Ahora la cuestión paraguaya es, como nunca lo había sido antes, la tierra, la formación de nuevos territorios en cuanto sujetos al dominio del agronegocio, y la dependencia cultural. El golpe de Estado es el de Monsanto para asegurar un modelo de país atrasado para beneficio de la soja; claro, con todas las politiquerías colaterales. El retroceso democrático no significa volver al punto donde nos dejó Stroessner —que ya era pésimo— sino al punto donde lo tenían proyectado en 2008, y que quedó truncado cuando asumió Lugo.

—¿Lugo no pudo romper con ese relato histórico en el que el partido Colorado fue amo y señor en el país?

—No pudo, porque no tenía una fuerza de políticos que le apoyara. Él mismo nunca se manejó bien como político. Sus aliados, los liberales, lo traicionaron desde el primer momento; y era lógico, la ideología de esta gente ni siquiera es neoliberal, es la liberal conservadora de principios de siglo, como la de los terratenientes ganaderos, que ni siquiera son sojeros tecnócratas mecanizados. La nueva agroindustria está en manos de brasileños sobre todo, que forman territorios autónomos y "soberanos", que ante las dificultades incluso reclaman siempre protección del Brasil. Más que un problema político lo veo como una sociedad de mercado, que necesita el apoyo político, y es a lo a que se prestan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es decir la Corte Suprema de Justicia. Y al que se va a plegar el Poder Ejecutivo ahora.

—¿La alianza de Lugo con las fuerzas emergentes, como las comunidades originarias, no funcionó como pensó cuando el presidente asumió con aspiraciones de cambiar la realidad paraguaya? ¿Le faltó ir más a fondo, como con la reforma agraria?

—Las comunidades originarias están relegadas a grupos con poca organización y desintegradas por todas las vías; no hay un solo pueblo o nación indígena en el Paraguay, como yo persisto en llamarlas, que haya podido conservar siquiera un simulacro de territorio; están confinados en pequeños lotes de tierra; están en campos de concentración. Lo peor es que a la gran mayoría de los paraguayos les parece que esto tiene que ser así, hasta tal punto llega la discriminación racista. Una reforma agraria es una obra de una magnitud tal que incluso técnicamente parece imposible; faltan los elementos primeros, como un catastro, y leyes de expropiación, por lo menos en tierras malhabidas. Las compras y registros de propiedad recientes hacen todavía más difícil la tarea. En este sentido creo que una reforma agraria supone y exige un sentido común y una coherencia que necesariamente va a parecer una revolución, que en realidad es una puesta en orden. Hay un futuro real para la agricultura campesina, pero a partir de condiciones muy diferentes, a través precisamente de territorios campesinos más fuertes y autónomos. Ellos son una solución económica más rentable que el agronegocio que en términos de tributación deja sólo el 0,3 por ciento para el Estado; es una ruina para el mismo país. Los carperos que se instalaban y ocupaban tierras que con fundamento se suponían del Estado o mal habidas, son una llamada de atención, pero necesitan la fuerza y el reconocimiento del Estado. Pero en estos años de Lugo no se pudieron dar ni siquiera pequeños pasos en una reforma agraria, por otra parte necesaria para la economía del país.

—¿Usted cree que viene una época de resistencia pacífica?

—Creo que sí. No aceptar ni en público ni en privado a ese supuesto presidente y su gobierno, incluso aunque lo llegaran a reconocer y aceptar la mayoría de los países, es un deber del ciudadano paraguayo. Esperamos que haya un pequeño resto, por lo menos, que mantenga esta actitud ética. Es deber de todos; los viejos lo haremos sin demasiadas consecuencias materiales ni sociales, pero será duro para los jóvenes en el futuro.

—La jerarquía de la Iglesia le dio la espalda a Lugo. ¿Fue otro factor desestabilizante?

—Parte de la jerarquía nunca aceptó al presidente Lugo y lo consideró un pecador, aunque él seguía siendo un buen católico arrepentido. En estos días yo estaba leyendo el opúsculo de Francisco de Vitoria, La defensa de los indios, donde muestra que aun el pecador y el pagano no pierde el dominio ni de sus bienes y tierras, ni de su poder de jefe, en contra de ciertos españoles que querían hacer de la religión un instrumento de opresión e injusticia. Haber dejado el estado episcopal no le quita al presidente Lugo el ser presidente electo ni el poder de servir al país. Algunos de los obispos, creo que ni siquiera la mayoría, no lo entendieron nunca. La jerarquía católica ha sido en todo este tiempo sumamente ambigua en sus posiciones y ha estado dividida; incluso después del golpe de Estado. Más que desestabilizadores, fueron, creo, ingenuos y temerosos. Me atrevería a decir que fueron seguidos sólo por pocos católicos. Los católicos en su mayoría rechazan el golpe; lo sentí en una pobre capilla donde dije misa el sábado pasado. La Conferencia de Religiosos del Paraguay —Conferar— desde hace años ha mostrado estar al lado de los pobres, y en este sentido ha dado su comunicado a propósito del golpe de Estado.

Read More

Lo perverso y obsceno del poder

Insoportables Abusos del Poder Político Económico y Militar Mundial

Aníbal Ortizpozo
“Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver ¡no puedo! ver morir a los hombres cada día. Prefiero ser de piedra, estar oscuro, a soportar el asco de ablandarme por dentro y sonreír a diestra y siniestra con tal de prosperar en mi negocio.”

Estrofa del poema ”Contra la muerte” de Gonzalo Rojas

A dos años del inicio de segunda década del siglo XXI, en curso, cuando la humanidad se conmueve e indigna con sombríos acontecimientos, que si bien es cierto, no son nada nuevo, lo parecen, porque mutan y se recomponen para permanecer en nuestras vidas. Qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, qué permanece en nuestra humanidad, qué nos repugna e indigna: Ataques terroristas con explosivos a civiles. Injerencias para desestabilizar naciones e invadirlas legalmente. Mercenarios o contratistas para hacer el trabajo sucio de la tortura, violación y muerte. Armamentismo nuclear y tradicional, como el gran negocio de los perros de la guerra, hoy también soporte de las economías en crisis. Bombardeos de la OTAN a las propias naciones, miembros de la ONU, que debía proteger. Pandemias inducidas como negocio y armas de guerra bacteriológica. Poderosas mafias de narcotraficantes, que asimilan a las policías y ponen en jaque a gobiernos. Falsas crisis económicas bancarias y empresariales. Dictadura de los medios de comunicación empresarial y sus mentiras mediáticas desestabilizadoras. Muros fronterizos que separan la vida de la muerte. Vivir asqueados con la contaminación de la tierra, el aire y las aguas con basura tóxica industrial, de desechos químicos. Invasiones reales, preventivas y encubiertas en curso, sin que se pueda hacer nada para detenerlas. Absoluta impunidad por ausencia de justicia en los ya demasiados crímenes de lesa humanidad, perpetrados por el poder político y militar de las llamadas grandes potencias.

Las denuncias en los encuentros y foros mundiales sociales más progresistas, o de izquierda, han quedado reducidos a una inocua y solitaria caja de lamentos que el tiempo silencia.

Nuestro planeta Tierra cruje, se recalienta y reacomoda ante las agresiones contaminantes que se le infringen desde los sistemas mundiales de producción industrial y agrícola transgénica “monsántica.” Mientras nosotros, los humanos al parecer no tenemos la fuerza, ni la agresividad necesaria para proteger a la “Pachamama” (Madre Tierra), ni siquiera a nosotros mismos. Tampoco, existe en las organizaciones gubernamentales y sus “cumbres” periódicas, la voluntad política para cumplir los protocolos y acuerdos, los que se solapan y traspapelan subordinados a la actividad empresarial gubernamental e intereses económicos transnacionales de un perverso capitalismo en crisis, que, no tiene dinero para programas sociales de los pueblos acosados por el hambre y pandemias, pero sí tiene para la compra, producción de armas y subsidios a la banca empresarial especuladora.

Armamentismo y violencia permanecen en nuestras vidas en todos los niveles sociales, la lucrativa industria bélica es parte importante de las economías de las naciones desarrolladas. Abarca desde la poderosa industria nuclear, las armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas, hasta las armas del hampa común y mafias que enfrentan hoy exitosamente a ejércitos nacionales, como sucede en el territorio mexicano.

Vivimos asqueados de la violencia generalizada presente en nuestras vidas, conocemos sus raíces y somos víctimas de sus secuelas. Sus prácticas difusas sin control, son públicas, son la noticia de la crónica roja en la prensa amarillista, donde lo obsceno es lo repugnante que se exhibe, que se muestra. La violencia es un suceso público que vende y entretiene, va desde violencia de género y femicidios, las masacres de niños y jóvenes en las escuelas norteamericanas, los múltiples asesinatos por homofobia, racismo, los secuestros y robos a mano armada.

Existen profundas raíces de la violencia cotidiana que provienen de las prácticas del terrorismo de Estado con sus paramilitares y contratistas, que crearon unos, el horroroso espectáculo de exhibir a los que asesinaron con sus lenguas como corbata (Colombia), otros de fotografiarse, burlándose mientras se orinaban sobre un grupo de cadáveres (Afganistán). Las mafias de narcotraficantes y hampa común viven impunemente en nuestro hábitat como cualquier hijo de vecino, protegidos y asociados a cínicos y corruptos funcionarios de la administración pública o a exitosos empresarios privados.

En Latinoamérica todo esto nos asquea y hace nuestras vidas insoportables, muy en especial la difundida práctica del sicariato, negocio de la muerte por encargo, presente en las acciones sangrientas y contractuales de patrones contra líderes obreros; de latifundistas contra campesinos e indígenas quienes son los dueños legítimos de las tierras que se les ha despojado.

La violencia real y virtual del cine, televisión, Internet, especialmente de los video-juegos y juguetes de la industria cultural masiva del entretenimiento, se entrelazan y confunden, han funcionado como una escuela primaria del delito, siempre a favor de un consumismo feroz y el mantenimiento del injusto sistema capitalista.

Nos da asco, el inhumano poder económico y bélico de las grandes potencias, actuando como imperios de la antigüedad, continúan haciéndose presente en nuestras naciones, con su poder de exterminio, para consolidar sus neo-colonias, hacernos dependientes, robar nuestros recursos naturales, sin respetar la autodeterminación de los pueblos, ni la soberanía expresa en nuestras constituciones. La injerencia de las naciones poderosas hoy toma múltiples formas, enmascarándose torpemente para intervenir, ya no son invasiones directas tradicionalmente armadas, tipo Irak, Afganistán, son las guerras de cuarta generación o injerencia solapada, las de los golpes suaves, la manito blanca OTPOR, las operaciones encubiertas tipo Kosovo/Serbia y otras, donde insurgen personas desconocidas armadas, preparadas por los más despiadados contratistas de la CIA y Al Qaeda, ciudadanos o haciéndose pasar por ciudadanos de las naciones a desestabilizar e invadir, quienes son dotados de modernas armas, aviones no tripulados para bombardear, con apoyo de una alta tecnología, inimaginable, GPS, Twiter, telefonía celular, para crear imágenes virtuales de plazas verdes tomadas como sucedió en Libia, donde perversamente, contraviniendo las elementales normas humanitarias para los prisioneros de guerra, capturaron a Gaddafi y su hijo vivo para asesinarlo posteriormente.

Perverso y obsceno fueron los dos atentados con explosivos a desprevenidos civiles, mujeres, niños, que en la mañana del 10 de mayo de este año, viajaban esperanzados a la escuela, al trabajo en Damasco, Siria. Los terroristas, son una vez más héroes libertarios, que cuentan con el apoyo encubierto de la OTAN para masacrar a civiles.

Obscenas son también las amenazas de invasiones preventivas a Irán, Pakistán, Corea del Norte, Venezuela, o el sostenido terrorismo de Estado con sus falsos positivos, leyes patriotas antiterroristas que aún asesina y mantiene a presos, torturados, sin un juicio justo, en Abu Ghraib, Bagram, Guantánamo o cualquier base militar, embajadas o portaviones US Army.

El repugnante rostro intercambiable de la injerencia en Latinoamérica es la desestabilización de las naciones y derrocamiento de sus gobiernos, creando al interior de ellas, ONGs mercenarias, provistas de generosos aportes económicos, alianzas con los grupos de poder económico, opositores y militares golpistas ideológicamente afines a la política norteamericana, ”una especie de guerra civil, donde pequeños y heroicos grupos luchan por su libertad en contra de un tirano asesino, que quiere instaurar el comunismo”, que en Chile (1973) les resultó exitoso con el apoyo de la oligarquía y los militares fascistas; en Venezuela (2002), el golpe que no les resultó, porque el pueblo y los militares liberaron y repusieron al Presidente en su cargo; en Haití (2004), la desestabilización armada los llevó hasta el secuestro de su Presidente y que, para protegerlo, para luego ocupar el país con sus marines; en Honduras (2009) con argumentos legales respaldados por la Corte Suprema y el Congreso, con apoyo de militares se expulsó al Presidente en ejercicio; en Ecuador (2010) con una protesta por mejora salarial de policías y secuestro temporal del Presidente; en Bolivia (2008), alentando el separatismo de una de sus provincias, en complicidad con el gobernador-empresario de Santa Cruz, y posterior huelga de policías; recientemente en Paraguay (2012), esta vez la intervención tomó la forma de golpe parlamentario para destituir a su Presidente.

La injerencia funciona apoyada en el perverso poder de la dictadura mediática donde la mentira, el rumor, el insulto y la descalificación de las autoridades legítima y democráticamente elegidas, se repiten con frecuencia, al estilo de la vergonzosa mentira de EEUU sobre posesión armas de destrucción masiva para invadir Irak, lograr que se ahorcara a su Presidente y apropiarse de su petróleo a costo de miles de vidas humanas, destrucción y saqueo de obras de las antiguas culturas Sumeria y Mesopotámica, incunables patrimonios de la humanidad.

Los medios de comunicación en manos de la oligarquía criolla y transnacional de la información, continúan noche y día difundiendo mentiras y medias verdades con pautas, libretos o guiones “Made in USA” originados en los laboratorios de guerra sucia.

El ¿qué hacer?, ¿qué cambiar?, ¿qué crear? son las preguntas a las que debemos darle respuestas, empecemos reconociendo que todo cambio revolucionario, requiere de un desaprendizaje y desalienación de todos nosotros, hombres y mujeres, nacidos y criados en salvajes sociedades de consumo, donde los valores humanos obedecen a una profunda mercantilización de toda la vida social. Por lo tanto “ellos”, los cambios, deben iniciarse primero al interior de nosotros mismos.

Reflexiones como ésta, sólo son una alerta a la imaginación política; un ejercicio ético de inconformidad y resistencia a estas sociedades conservadoras, de silencios cómplices, que vivimos.

Apoyemos toda práctica cultural comunicacional, que nos obligue a pensar, que provoque una toma de conciencia propulsora de acciones, sobre aquello que debemos cambiar y lo que debe permanecer, para crear humanidad. Entonces, creemos humanidad, otra humanidad, asumamos todos los días el oficio de humanizadores.

ortizpozo@gmail.com

Publicación Barómetro 09-07-12
http://barometrointernacional.bligoo.com.ve/

Read More

Muy lejos de cumplir con el ODM 5 en El Salvador

Julia Evelyn Martínez 

SAN SALVADOR - En un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República el pasado 22 de junio, el Gobierno salvadoreño se autocomplace por los resultados de la actual gestión gubernamental en materia de salud materna de las mujeres, y en particular, destaca la reducción de la mortalidad materna de 71.2 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos en 2006 a 50.8 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos en 2011. De acuerdo a este comunicado, esta disminución de esta tasa de mortalidad le ha permitido al país cumplir anticipadamente con el quinto objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados por Naciones Unidas.

Luego de detallar las principales acciones emprendidas por el Ministerio de Salud para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de control pre-natal de las mujeres embarazadas y la atención de partos, el comunicado concluye compartiendo el “gran secreto” del supuesto éxito de este gobierno en materia de salud materna. Citando declaraciones de la Vice Ministra de Salud, Violeta Menjivar, este secreto consistiría ni más ni menos que en la capacidad de los operadores de salud de seguir la sabia enseñanza que la vida les ha proporcionado: “si se lleva bien un embarazo no tiene por qué morirse una mujer embarazada”.

Dicho en otras palabras, de acuerdo a nuestras autoridades de salud pública, la disminución de la tasa de mortalidad materna está en función exclusiva de que se garantice a TODAS las mujeres que quedan embarazadas el acceso a servicios de cuidado prenatal y a partos hospitalarios, sin importar sí las mujeres han planificado ese embarazo y/o sí desean interrumpirlo; tampoco importaría sí las mujeres necesitan interrumpir un embarazo, por razones de salud, como en los casos de cáncer, cardiopatías u otras condiciones médicas. 

El nivel de irresponsabilidad de este comunicado alcanza tales dimensiones, que es necesario refutarlo en al menos tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, es necesario que las autoridades de salud pública se informen adecuadamente en qué consiste el ODM 5, ya que de esta forma se podrán dar cuenta que la reducción de la tasa de mortalidad materna, no puede invocarse como prueba de haber alcanzado anticipadamente el ODM 5, ya que este indicador es solamente una de las dos metas que deben lograrse para el mejoramiento de la salud materna en un país. El comunicado de Casa Presidencial curiosamente omite la segunda meta, que dicho sea de paso, El Salvador está aún muy lejos de alcanzar, y que consiste en lograr el acceso universal de las mujeres a la salud reproductiva.

¿Qué implica el acceso universal de las mujeres a la salud reproductiva?. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud reproductiva es la condición de bienestar físico, mental y social vinculada al sistema reproductivo. La promoción de la salud reproductiva de las mujeres se traduce en la posibilidad de que las mujeres puedan gozar de una vida sexual segura y que decidan cuándo quieren tener hijos. En este sentido, supone el derecho de todas mujeres de un país a estar informadas acerca del funcionamiento de sus propios cuerpos y de los métodos anticonceptivos existentes. (Incluyendo los métodos de anticoncepción de emergencia), así como el derecho a acudir a los servicios públicos de salud para recibir atención especializada en casos de interrupción de embarazos, independientemente que sean voluntarios o involuntarios.

Esto nos remite a un segundo aspecto que debe refutarse en este comunicado gubernamental, y que consiste en la omisión de la estrecha relación existente entre la salud reproductiva de las mujeres salvadoreñas y los efectos negativos que sobre esta salud tiene la prohibición de todas las formas de interrupción del embarazo en El Salvador a partir del año 1998, y que le ha valido al Gobierno de El Salvador sendas observaciones y recomendaciones por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), entre las que destaca su llamado a “facilitar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, incluyendo las consecuencias negativas de las leyes restrictivas al aborto” (CEDAW/C/SLV/Q7). 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2010 también a pedido al Gobierno de El Salvador tomar la iniciativa en el proceso de reformas al Código Penal para hacerlo compatible con el Pacto de Derechos Humanos suscrito por el Estado salvadoreño y en particular, le ha solicitado: “tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado debe iniciar un diálogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”.CCPR/C/SLV/CO6)

La poca voluntad de la gestión del Presidente Mauricio Funes de cumplir con estas recomendaciones de los Órganos de Tratados del sistema de Naciones Unidas no puede menos que motivar a la indignación: ¿Cómo puede el Gobierno de El Salvador afirmar que se ha cumplido con el ODM 5 cuando cada año un número indeterminado de mujeres salvadoreñas que han experimentado un aborto espontaneo o un aborto inducido (en condiciones inseguras) no pueden acudir a los establecimientos públicos de salud por el temor a ser denunciadas, acusadas y condenadas a hasta 30 años de prisión por el homicidio agravado de un embrión o un feto?. ¿Cómo es posible que se sostenga ante la comunidad nacional e internacional que el país ha cumplido con el ODM 5 cuando cada año muchas mujeres que enfrentan embarazos forzados (por violación principalmente) toman la decisión de suicidarse como la única alternativa posible ante la imposibilidad de acceder a un servicio público de salud para la interrupción de ese embarazo en condiciones seguras y a recibir el apoyo médico, psicológico y emocional que necesitan para superar este trauma y seguir adelante con sus vidas?. ¿Con qué derecho los publicistas de Casa Presidencial le atribuyen a este gobierno un compromiso con el mejoramiento de salud reproductiva de las mujeres cuando es el despacho presidencial el principal responsable del bloqueo a cualquier iniciativa del Ejecutivo de acatar las recomendaciones del Comité de la CEDAW y del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema de la despenalización del aborto, y ni siquiera ha permitido que el Ministerio de Salud promueva un debate amplio, informado y laico sobre los efectos de las leyes restrictivas al aborto sobre la salud de las mujeres? ¿Cómo puede la representación de Naciones Unidas en El Salvador, y en particular el Fondo de Población, avalar estas declaraciones oficiales, cuando tiene evidencia del profundo abismo que separa el discurso y la práctica de la salud sexual reproductiva en esta gestión gubernamental?.

Finalmente, el comunicado de casa presidencial tampoco menciona el tema del significativo aumento en los embarazos y partos de niñas y adolecentes en los últimos años. De acuerdo a cifras oficiales el 30%, de los partos que se atienden en la red pública de salud son de niñas entre 10 y 19 años, y una tercera parte de la mortalidad materna se ubica en este grupo de edades. Solo en el año 2010, se atendieron 1025 partos de niñas de entre 10 y 14 años, y algunos de estos, eran segundos partos. ¿Honestamente creen las autoridades de salud que El Salvador debe enorgullecerse de estos datos, y mostrar como un éxito en materia de salud reproductiva que estas niñas sobrevivieron a estos partos

La salud reproductiva de las mujeres requiere que sea abordada dentro de las políticas públicas gubernamentales con más seriedad, más responsabilidad y sobre todo, con más respeto. Sin estos ingredientes, difícilmente las mejoras en la cobertura y/o calidad en la atención de los embarazos y partos que se están realizando, se podrán reflejar en mejoras tangibles y efectivas en la salud reproductiva de todas las mujeres salvadoreñas. Esperemos que las mujeres que están al frente del Ministerio de Salud y del ISDEMU realicen sus mayores esfuerzos en los dos últimos años de esta gestión gubernamental para avanzar en la práctica (y no solo en el discurso) en el compromiso del Estado salvadoreño frente al cumplimiento del ODM 5.

Columnista de ContraPunto

Read More

CSJ: situación en camino de normalizarse

Luis Armando González 

SAN SALVADOR - Durante más de un mes, el país ha estado inmerso en un intenso y confuso debate en torno a las dos resoluciones de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las que se declararon inconstitucionales las elecciones de magistrados, por parte de la Asamblea Legislativa, en 2006 y en 2012 (esta última elección realizada por la Asamblea saliente en ese año). Dejando de lado pormenores, el argumento esencial de ambas resoluciones es que una misma Asamblea Legislativa (durante su periodo de ejercicio) no puede elegir dos veces magistrados para la CSJ, pues ello es inconstitucional.

No hay que ser versados en derecho para saber que la inconstitucionalidad es algo grave; en un Estado de derecho es la peor ilegalidad que puede cometerse, ya que violenta la principal fuente de legalidad, como lo es la Constitución de la República.

Así las cosas, que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucionales las dobles elecciones de magistrados en 2006 y 2012 generaba, en sí mismo, una serie de complicaciones si se pretendía reparar el daño cometido. La Sala de lo Constitucional ofreció la solución para esa reparación: que la Asamblea Legislativa entrante en 2012 realizara una doble elección de magistrados para 2006 y para 2012. Es decir, la Sala no sólo se limitó a emitir las dos sentencias de inconstitucionalidad, sino que ordenó a la Asamblea Legislativa cómo proceder para resolver la situación: efectuar dos elecciones de magistrados, o sea, realizar un acto inconstitucional.

Ese mandato –más allá de si la Sala de lo Constitucional puede o no mandar a la Asamblea Legislativa a realizar elecciones de magistrados— no pudo sino generar una controversia agria, en la que las posiciones razonables fueron silenciadas por el ataque, la condena y las opciones favorables a priori a cualquiera de los polos enfrentados. Hubo quienes hicieron hasta lo imposible por justificar porqué, en este caso, si era entendible que una Asamblea Legislativa hiciera una doble elección de magistrados.

Se trató de argumentos ad hoc (a la medida), que como cualquier argumento de esa naturaleza no puede tener, por razones de principio, mayor valor que cualquier otro. Es decir, que cualquier argumento ad hoc es igualmente bueno, y así como los hay para justificar esta vez sí la doble elección de magistrados también los hay para justificar la doble elección en 2006 y en 2012.

Pero en una sentencia de inconstitucionalidad no se trata de argumentos ad hoc, sino de argumentos de principio. Más aun, la inconstitucionalidad de una acción o de una interpretación es un asunto de principio, no de conveniencia o de excepcionalidades. Pero resulta que la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa, a partir de excepcionalidades y conveniencias, actuar de manera inconstitucional. Esto es grave no sólo porque una Sala de lo Constitucional no puede avalar una inconstitucionalidad –y si lo avala una vez debería avalarlo en muchas otras ocasiones—, sino porque estaba abriendo las puertas para futuros recursos de inconstitucionalidad por doble elección de magistrados, en un círculo vicioso interminable.

La Sala de lo Constitucional se metió en un callejón sin salida, siendo su principal debilidad la incoherencia de sus dos sentencias. La simpatía por sus integrantes y el recelo (resentimiento u odio) de distintos actores y sectores por los diputados no debieron impedir fijarse en este grave desatino jurídico. No se requiere ser jurista de elevados quilates para verlo; basta el sentido común y una mediana dosis de información. Verlo no significa ser un enemigo de la independencia judicial o detestar a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional responsables de las sentencias.

Cualquier ciudadano que se acerque al problema sin prejuicios o recelos puede darse cuenta de que lo que la Sala de lo Constitucional estaba ordenando a la Asamblea Legislativa —la elección doble de magistrados— era (es) inconstitucional, porque la misma Sala lo ha determinado así. Y la Asamblea Legislativa —salvo las fracciones de ARENA y el diputado del CD— tenía y tiene razones de sobra para no acatar un orden que la manda a hacer algo que la misma Sala ha establecido como inconstitucional: la doble elección de magistrados en un mismo periodo legislativo.

La salida de un problema de esa naturaleza requería, una vez emitida las sentencias de la Sala de lo Constitucional, una línea de trabajo concertado entre la Asamblea Legislativa, la CSJ, y el Ejecutivo en orden a buscar una solución práctica, que luego llevara a una solución de principio quizás con una reforma a la Constitución. No fue este el camino seguido. La CSJ, a raíz de las sentencias, entró en un peligroso proceso de desintegración. Al no poder tomar posesión, el 1 de julio, los magistrados electos en 2012, al ser ilegal (por disposición de la Sala de lo Constitucional) la elección de los magistrados en 2006 y al no poder elegir a los nuevos magistrados la actual Asamblea Legislativa el país se iba a quedar sin CSJ.

La intervención de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) –en respuesta a una demanda interpuesta por la Asamblea Legislativa— ha permitido que la CSJ se instale, a partir de la toma de posesión de los magistrados electos en 2012 y permita la vuelta al trabajo de los electos en 2006, a partir de la suspensión temporal de los efectos de las dos sentencias. Es de esperar que todo se vaya normalizando en este Órgano de Estado y que los nuevos magistrados puedan realizar el trabajo para el que han sido electos. Está pendiente la resolución definitiva de la CCJ que, ojalá, sea un factor decisivo para la solución de la problemática que, bien vistas las cosas, es parte de un proceso de definición y redefinición de roles institucionales, iniciado en 1992, y todavía no concluido.

Columnista de ContraPunto

Read More

No existen leyes des-interesadas

Julián González Torres

SAN SALVADOR – Quisiera reflexionar en torno a un error bastante común en nuestros días, y en el cual suelen incurrir desde el “sencillo” estudiante hasta el “profesional” más honrado. Me refiero al hecho de creer que en El Salvador de hoy en día es legítimo, necesario y/o ético defender “La” Constitución, “La” Democracia, “El” Estado de derecho, o, en todo caso, “La” Sala de lo Constitucional. Así, como si estas fuesen entidades neutrales en materia de intereses y sesgos ideológicos. ¡Como si en la esfera de la política las instituciones/leyes estuvieran descontaminadas de los intereses de grupo! En realidad, quienes así piensan son ingenuos o están alienados.

Perogrullada es señalar que Estado de derecho no significa lo mismo para la ANEP y sus secuaces, el pulcro catedrático universitario, una institución como el ISDEMU y, por mencionar otro ejemplo, para las pandillas MS y 18. Para los señores del gran capital, Estado de derecho se resume en un solo principio: respeto absoluto e incuestionable al marco jurídico que respalda al sistema económico capitalista. Para el ISDEMU, tendría que ver, probablemente, con la necesaria instauración de una sociedad con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. El ingenuo catedrático quizá siga creyendo-enseñando que se trata de un lugar neutral, puro, desinfectado de intereses, ideologías y valores de todo tipo. Para las pandillas, el Estado de derecho tal vez sea poco más que un buen chiste.

Todo lo anterior nos lleva a un punto medular para la reflexión crítica: el lugar social desde donde se crean y/o defienden las leyes e instituciones. Hay una frase de Marx que quizá encaje perfectamente con este análisis: “El molino movido a brazo nos da la sociedad del señor feudal; el molino de vapor, la sociedad del capitalista industrial”. Yo pregunto a aquellos que se rasgan las vestiduras por “La” Constitución o “La” Democracia, ¿el análisis de nuestras leyes/instituciones qué tipo de sociedad nos da? Con más hondura: ¿qué tipo de sistema económico avala/defiende “nuestra” Carta Magna? Creo que respalda al sistema económico que diariamente enriquece hasta la obscenidad a unos pocos y condena a la miseria a gran parte de la humanidad. 

El poderoso capitalista salvadoreño goza hasta la saciedad cuando el común de los guanacos (algunos no tan comunes) vocifera que la principal amenaza para “la institucionalidad” del país son los partidos, en especial el FMLN. Evidentemente, todos los partidos, sin excepción alguna, ponen en juego sus intereses en el amplio campo de la política salvadoreña. Después discutimos qué tipo de intereses persiguen. El punto es que los hay, y de todos los colores. Pero una cosa es constatar que tanto ARENA, GANA, el FMLN, la ANEP y FUSADES tienen intereses sociales, económicos y políticos; y otra cosa muy distinta es afirmar que son los partidos, y en especial el FMLN, quienes tienen amenazada “La” Constitución del país. Esto, en última instancia, solo favorece a ARENA y la ANEP. Un análisis más completo y realista debe abarcar a la mayor parte de los actores sociales. Los empresarios más acaudalados de El Salvador no son angelitos de Dios. Abunda la miopía en la población salvadoreña.

Por lo tanto: ¿Cuál es el camino “más sensato”? ¿Hacer berrinches por un marco jurídico que, dicho a grandes rasgos, hace más por el gran capital que por las famélicas empleadas de las maquilas, o por la seguridad y bienestar de los trabajadores? ¿Cuál es el sentido de defender una Constitución (1983) que, en gran medida, fue obra del partido ARENA, a cuyo principal fundador, Roberto D’Aubuisson, se le vincula con los Escuadrones de la Muerte?

Marx habló de la enajenación. Una parte interesante de este hecho social consiste en creer, a ciegas, que al defender los intereses de la clase dominante, estoy defendiendo mis intereses; el individuo alienado es incapaz de reconocer su lugar social, cree que al salvaguardar las ideas y las prácticas del poder dominante está velando por sus fines personales. Muchos de los que actualmente sufren con la Corte Suprema de Justicia, en realidad padecen la calentura del gran empresariado salvadoreño. Y aquí no se ha analizado la ética de los actores políticos, apenas estamos reflexionando a partir de un postulado sociológico fundamental: no existen leyes o marcos jurídicos que se instauren al margen de los intereses de clase, grupo o poder. Toda ley está preñada de intereses, sesgos ideológicos y complicadas relaciones de poder.

Por lo tanto, habría que pensar si a caso no se es más digno o auténtico si en lugar de hacer rabietas por la situación que está viviendo el Poder Judicial, más bien reflexionamos críticamente a fin de atisbar dónde está en realidad el núcleo de los problemas estructurales de este país. Y, quizá lo más importante, imaginar leyes e instituciones no des-interesadas; al contrario, cargadas de intereses, pero en favor de una vida humana digna, abundante y buena para todas y todos. Un análisis crítico de la pobreza, violencia y destrucción ambiental en todo el mundo nos alecciona, con una claridad contundente, que la mundialización del capitalismo no ha producido bienestar a la mayoría de la humanidad. Por tanto, ¿no estaremos errando al defender un marco jurídico que la misma ANEP defiende a capa y espada?

Algunos pensaran que aquí se está defendiendo el relativismo extremo. Yo diría que acá no estamos hablando de otra cosa más que de la constitutiva historicidad de las instituciones humanas. Ni las Constituciones ni los Estados de derecho han salido de las ramas de los árboles. En todo momento poseen esa “natural” disposición a ser revertidos. 

En conclusión, ¿somos libres para repetir añejos y alienantes esquemas jurídicos, bien “reguladitos” por el ominoso poder capitalista, o para crear formas realmente alternativas desde y para los más violentados de la humanidad?

Profesor de filosofía y colaborador de ContraPunto

Read More