martes, 3 de julio de 2012

No existen leyes des-interesadas


Julián González Torres

SAN SALVADOR – Quisiera reflexionar en torno a un error bastante común en nuestros días, y en el cual suelen incurrir desde el “sencillo” estudiante hasta el “profesional” más honrado. Me refiero al hecho de creer que en El Salvador de hoy en día es legítimo, necesario y/o ético defender “La” Constitución, “La” Democracia, “El” Estado de derecho, o, en todo caso, “La” Sala de lo Constitucional. Así, como si estas fuesen entidades neutrales en materia de intereses y sesgos ideológicos. ¡Como si en la esfera de la política las instituciones/leyes estuvieran descontaminadas de los intereses de grupo! En realidad, quienes así piensan son ingenuos o están alienados.

Perogrullada es señalar que Estado de derecho no significa lo mismo para la ANEP y sus secuaces, el pulcro catedrático universitario, una institución como el ISDEMU y, por mencionar otro ejemplo, para las pandillas MS y 18. Para los señores del gran capital, Estado de derecho se resume en un solo principio: respeto absoluto e incuestionable al marco jurídico que respalda al sistema económico capitalista. Para el ISDEMU, tendría que ver, probablemente, con la necesaria instauración de una sociedad con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. El ingenuo catedrático quizá siga creyendo-enseñando que se trata de un lugar neutral, puro, desinfectado de intereses, ideologías y valores de todo tipo. Para las pandillas, el Estado de derecho tal vez sea poco más que un buen chiste.

Todo lo anterior nos lleva a un punto medular para la reflexión crítica: el lugar social desde donde se crean y/o defienden las leyes e instituciones. Hay una frase de Marx que quizá encaje perfectamente con este análisis: “El molino movido a brazo nos da la sociedad del señor feudal; el molino de vapor, la sociedad del capitalista industrial”. Yo pregunto a aquellos que se rasgan las vestiduras por “La” Constitución o “La” Democracia, ¿el análisis de nuestras leyes/instituciones qué tipo de sociedad nos da? Con más hondura: ¿qué tipo de sistema económico avala/defiende “nuestra” Carta Magna? Creo que respalda al sistema económico que diariamente enriquece hasta la obscenidad a unos pocos y condena a la miseria a gran parte de la humanidad. 

El poderoso capitalista salvadoreño goza hasta la saciedad cuando el común de los guanacos (algunos no tan comunes) vocifera que la principal amenaza para “la institucionalidad” del país son los partidos, en especial el FMLN. Evidentemente, todos los partidos, sin excepción alguna, ponen en juego sus intereses en el amplio campo de la política salvadoreña. Después discutimos qué tipo de intereses persiguen. El punto es que los hay, y de todos los colores. Pero una cosa es constatar que tanto ARENA, GANA, el FMLN, la ANEP y FUSADES tienen intereses sociales, económicos y políticos; y otra cosa muy distinta es afirmar que son los partidos, y en especial el FMLN, quienes tienen amenazada “La” Constitución del país. Esto, en última instancia, solo favorece a ARENA y la ANEP. Un análisis más completo y realista debe abarcar a la mayor parte de los actores sociales. Los empresarios más acaudalados de El Salvador no son angelitos de Dios. Abunda la miopía en la población salvadoreña.

Por lo tanto: ¿Cuál es el camino “más sensato”? ¿Hacer berrinches por un marco jurídico que, dicho a grandes rasgos, hace más por el gran capital que por las famélicas empleadas de las maquilas, o por la seguridad y bienestar de los trabajadores? ¿Cuál es el sentido de defender una Constitución (1983) que, en gran medida, fue obra del partido ARENA, a cuyo principal fundador, Roberto D’Aubuisson, se le vincula con los Escuadrones de la Muerte?

Marx habló de la enajenación. Una parte interesante de este hecho social consiste en creer, a ciegas, que al defender los intereses de la clase dominante, estoy defendiendo mis intereses; el individuo alienado es incapaz de reconocer su lugar social, cree que al salvaguardar las ideas y las prácticas del poder dominante está velando por sus fines personales. Muchos de los que actualmente sufren con la Corte Suprema de Justicia, en realidad padecen la calentura del gran empresariado salvadoreño. Y aquí no se ha analizado la ética de los actores políticos, apenas estamos reflexionando a partir de un postulado sociológico fundamental: no existen leyes o marcos jurídicos que se instauren al margen de los intereses de clase, grupo o poder. Toda ley está preñada de intereses, sesgos ideológicos y complicadas relaciones de poder.

Por lo tanto, habría que pensar si a caso no se es más digno o auténtico si en lugar de hacer rabietas por la situación que está viviendo el Poder Judicial, más bien reflexionamos críticamente a fin de atisbar dónde está en realidad el núcleo de los problemas estructurales de este país. Y, quizá lo más importante, imaginar leyes e instituciones no des-interesadas; al contrario, cargadas de intereses, pero en favor de una vida humana digna, abundante y buena para todas y todos. Un análisis crítico de la pobreza, violencia y destrucción ambiental en todo el mundo nos alecciona, con una claridad contundente, que la mundialización del capitalismo no ha producido bienestar a la mayoría de la humanidad. Por tanto, ¿no estaremos errando al defender un marco jurídico que la misma ANEP defiende a capa y espada?

Algunos pensaran que aquí se está defendiendo el relativismo extremo. Yo diría que acá no estamos hablando de otra cosa más que de la constitutiva historicidad de las instituciones humanas. Ni las Constituciones ni los Estados de derecho han salido de las ramas de los árboles. En todo momento poseen esa “natural” disposición a ser revertidos. 

En conclusión, ¿somos libres para repetir añejos y alienantes esquemas jurídicos, bien “reguladitos” por el ominoso poder capitalista, o para crear formas realmente alternativas desde y para los más violentados de la humanidad?

Profesor de filosofía y colaborador de ContraPunto

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