La
inclusión financiera y las reformas
estructurales del G20, en el centro del fraude electoral y la imposición de un
presidente mediático
Mtro. Andrés Peñaloza Méndez
Bia´lii,
Asesoría e Investigación, A.C/Coalición Mexicana frente al G-20
México, Distrito
Federal, a 15 de junio de 2012
El
17 junio de 2012 al participar en el foro de inclusión financiera, previo a la cumbre de líderes del G-20 en Los
Cabos, Baja California Sur, México, el Gobernador de Banco de México, Agustín
Carstens, quien intentó en 2011 presidir al Fondo Monetario Internacional,
aseguró que el triunfo del derechista griego Andonis Samarás, del partido
conservador Nueva Democracia, “es una buena noticia (…) posiblemente sean
bienvenidos por el mercado”. Con dicho triunfo electoral se aseguraba la
continuidad del draconiano programa de estabilización y de las regresivas
reformas estructurales que desde hace tres años se han impuesto de manera
autoritaria y supranacional en el país helénico.
El
G-20 tiene la pretensión de constituirse en el gran elector del mundo.
Adelantar su séptima reunión, desde que estalló la crisis en 2007, a escasos once días
de las elecciones en México no fue un hecho casual. La presidencia pro tempore de Felipe Calderón Hinojosa,
hizo un burdo manejo electoral de dicho evento. No precisamente a favor de su
partido (el Partido Acción Nacional) sino para su futuro personal que se atisba
fuera del país.
El
G-20 se ha ido constituyendo en el “Gran Elector” del mundo, esta es una
realidad más allá de desplantes oportunistas de utilizar foros mundiales para
proyecciones personales –lo hizo Carlos Salinas de Gortari, cuando se promovió
para dirigir la naciente Organización Mundial de Comercio; Ernesto Zedillo
Ponce de León, se colocó como asesor especial de la Conferencia Mundial
sobre Financiamiento al Desarrollo-Organización de Naciones Unidas además de
consejero en empresas transnacionales y Vicente Fox Quezada en su intento por presidir
la
Internacional Demócrata del Centro (hasta hace unos años
Internacional Demócrata Cristiana) que agrupa a alrededor de un centenar de
partidos de derecha en más de ochenta naciones.
Este
“Gran Elector” impone candidatos y sobre todo la agenda en las plataformas y
compromisos políticos-electorales de los actores políticos. No importa el signo
político que se tenga –aunque si son de derecha mucho mejor- lo significativo
es el compromiso con el libre comercio
de bienes y servicios públicos y privados; la protección y promoción de la
propiedad intelectual y de las inversiones extranjeras, particularmente las de
carácter especulativo; la desregulación; los programas de estabilización y de
reformas estructurales neoliberales; la mercantilización del medio ambiente y
de los bienes comunes; así como de la agricultura transgénica y de las materias
primas financiarizadas
Así, en materia política, el G-20 ha dejado su huella. En
noviembre de 2011 en el marco de la
Cumbre de Cannes, Francia, propició la salida de Andreas
Papandreu y de Silvio Berlusconi. En el primer caso, por el hecho de atreverse
a anunciar un referéndum para que el
pueblo griego decidiera sobre el contenido del paquete de rescate bancario. En
el segundo caso, bastó la incapacidad para contener las presiones de los
mercados bursátiles italianos que amenazaban con quebrantar la ya frágil
estabilidad del continente europeo para que fuera sustituido – efecto que no
pudieron conseguir por años multitudinarias manifestaciones sociales y
sindicales en contra de los escándalos de corrupción del llamado Cavaliere-. Ambos políticos reemplazados
por sendos tecnócratas de la economía. El mensaje era claro, las finanzas por
encima de la democracia, aún la formal-burguesa, y sobretodo de los pueblos.
Aún
se recuerda a Nicolas Sarkozy –entonces presidente pro tempore del G-20- las expresiones despectivas sobre Silvio
Berlusconi y a Andreas Papandreu en Cannes o su agrio comentario sobre Cristina
Fernández de Kirchner, a quien calificó como “una nueva rica que adora los
zapatos de tacón”, en reacción al señalamiento de Barack Obama de que habría
que emularla en relación a su reciente triunfo electoral con el 53.7% de los
votos.
De
igual manera, grotescas fueron las expresiones de Felipe Calderón en abril de
2012 al lamentar la decisión de su “buena amiga” Cristina Fernández al
expropiar YPF, la petrolera ex filial de la transnacional española Repsol, al
señalar que “nadie en sus cinco sentidos invierte en un país que expropia las
inversiones (…) me parece muy lamentable que el gobierno de Argentina, haya
tomado una medida que no le va hacer bien a nadie ya no digamos a los
inversionistas de Repsol, de los cuales, por cierto México es parte, México es
propietario del 10 por ciento de Repsol (…) necesitamos inversión todos y nadie
en sus cinco sentidos invierte en un país que expropia las inversiones, es una
cuestión de comportamiento racional”. Remató Calderón: "Yo hago votos
porque Argentina pueda rectificar esa medida, que es una medida totalmente, muy
poco responsable y muy poco racional independientemente que es claramente
violatoria de acuerdos y tratados que se tienen de respeto reciproco de
inversiones, eso no lleva a nada”. Declaraciones propias de lo que fue la presidencia
pro tempore calderonista en el G-20,
la de un peón dócil en el tablero geopolítico de este grupo.
El
respaldo del G-20 al candidato de la clase dominante-dominada mexicana
transnacionalizada se dirigió a corroborar la agenda neoliberal de Peña Nieto.
El candidato que nos quieren imponer después de un nuevo proceso electoral
fraudulento, ha ratificado que su prioridad es integrar un paquete de reformas
estructurales, como lo dictó el Gran Elector G20, en materia fiscal, energética
y laboral. Justo la primera prioridad de las cinco con que estuvieron
procesando la Cumbre
del G-20 en Los Cabos.
Dos
prioridades más, que el G-20 se ha ocupado de consolidar, están relacionadas a
la preservación y ampliación de los mercados y sistemas financieros nacionales
e internacionales de tal manera que rija la laxitud regulatoria y de
supervisión a dichas esferas con lo cual se consolida la creciente presencia de
recursos de procedencia ilícita en los incontrolables flujos financieros
expresión de la economía casino, virtual y especulativa.
En
un informe reciente el Senado de Estados Unidos, citando fuentes del
Departamento de Estado, estima que los cárteles de la droga trasladan de
Estados Unidos a México entre 19 mil a 39 mil millones de dólares, recursos que
son lavados en la economía y circuitos financieros mexicanos. Un porcentaje
significativo esos recursos pasan por las casas de cambio. El grupo financiero
–Monex- inmiscuido en el mecanismo del reciente fraude electoral tiene entre
sus principales líneas de negocio el mercado cambiario el cual le significa el
66.25% de su ingreso total de operación que junto al negocio de vales de
despensa asciende al 77.18%.
Actualmente
se sabe que autoridades del gobierno de Estados Unidos han examinado montos,
ligadas al blanqueo de dinero del narcotráfico, que pasó de las casas de cambio
al sistema bancario mexicano vía HSBC. Cabe recordar que este banco británico,
fue enlistado, por el Consejo de Estabilidad Financiera del G-20 en noviembre
de 2011, como de una de las treinta instituciones bancarias y de seguros con
“riesgo sistémico”, por lo que estarían sometidas a una especial supervisión
internacional.
En
junio de 2007 el HSBC canceló las cuentas que se usaban para recaudar fondos de
simpatizantes del "gobierno legítimo de México" encabezado por Andrés
Manuel López Obrador. Seis meses antes -el 26 de enero de 2006- el banco HSBC
MEXICO, S. A., notificó a la asociación ENLACE CIVIL, A. C., en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de que: “por así convenir a sus
intereses”, esta institución daba por terminados dos cuentas que servían para
depósitos nacionales e internacionales, destinados, la primera, a la ampliación
de la red de agua potable de San Andrés Sacamch’en de los Pobres; a la compra
de un camión cisterna para proveer de agua a las bases de apoyo zapatistas que
habitan en el municipio de Zinacantán; y para alimentos vía proyectos
productivos a cargo de las mujeres de las comunidades afectadas por el huracán Stan. La segunda cuenta recibía
cooperación de ciudadan@s de Dinamarca para gastos relacionados con pequeñas
obras y mantenimiento de escuelas en los Caracoles de La Garrucha, La Realidad y Roberto
Barrios.
A
través de la llamada inclusión financiera,
eufemismo para bancarizar de manera forzada a los emprobrecidos y privatizar la
educación pública mediante becas-créditos, sirvió como mecanismo de
tarjetización bancaria-comercial en asociación con la tienda departamental
Soriana para la compra de millones de votos en la elección presidencial del 1
de julio de 2012 en México.[1] En dicha
operación financiera estaríamos muy probablemente ante el desvío millonario no
sólo de recursos públicos del ámbito estatal y municipal sino del crimen
organizado.
En
este contexto actores políticos han denunciado una presunta operación
financiera con tarjetas de Monex por un monto de alrededor de 700 millones de
pesos para la compra y coacción del voto que, junto con otras erogaciones del
PRI (Partido Revolucionario Institucional, quien gobernó al país por mas de
siete décadas) devinieron en un rebase en el tope de campaña, marcado en 336
millones 112 mil 084 pesos.
A
manera de antecedente cabe indicar que el grupo financiero Monex –constituido
en 2003- evoluciona e ilustra muy bien el tipo de instituciones que la
liberalización financiera neoliberal ha prohijado. De ser una simple casa de
cambio en 1985 pasa a ser un grupo financiero con banca, casa de bolsa, fondos
de inversión (entre ellos derivados) e instituciones no financieras que manejan
vales de despensa y tarjetas prepagas.
Los
mismos que financiaron la
Cumbre del G-20 en México son los financiadores de la
avasalladora campaña publicitaria, principalmente en radio y televisión
sectores que padecen un férreo oligopolio
(Televisa y T.V. Azteca) para posicionar a su candidato Peña Nieto. En
todo el territorio mexicano se colocaron más de nueve mil anuncios
espectaculares de Peña Nieto, con una erogación que rebasó los 351 millones de
pesos, a lo que habría que sumar el gasto en millones de artículos, desde
bloqueadores solares, camisetas, celulares, descargas telefónicas, despensas,
entre otros. La oligarquía mexicana tuvo que derrochar millonarios recursos
públicos, y lo que es un hecho gravísimo, emplear recursos de procedencia
ilícita e incluso del exterior canalizados a través de empresas y entidades financieras
a favor del mismo candidato de las televisoras y los monopolios.
[1] El panista
Roberto Gil Zuarth explicó que cada uno de los 300 delegados distritales
acreditados por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, recibió durante tres
meses de operación electoral 180 mil pesos en una tarjeta de prepago emitida
por el grupo financiero Monex, con lo cual se erogaron 54 millones de pesos.
Adicionalmente cada uno de los representantes generales priístas (19 mil 490 en
total) recibió 17 mil 500 pesos de pago por toda la campaña y 2 mil 500 pesos
después de la elección como un bono, lo que implicó un gasto por 389 millones
de pesos. También los 143 mil 151 representantes de casillas acreditados por
este partido recibió 600 pesos, para un total de 257 millones 671 mil 800
pesos. Estas erogaciones por más de 700 millones de pesos para su estructura
electoral, es un monto que desborda en mucho el tope oficial de campaña. Una
cifra probablemente mucho mayor se empleó para la compra y coacción de
alrededor de 5 millones de votos (a l@s votant@s se les otorgaron pagos desde 100 a 2,500 pesos por voto).
Debe indicarse que en muchos pueblos y comunidades, como en la costa
michoacana, el narco intervino directamente amenazando a familias enteras para
que sufragaran por el PRI.
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