SAN SALVADOR - En próximos meses de este año darán inicio las discusiones legislativas para la ratificación del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea (ADA), que incluye un Tratado de Libre Comercio (TLC) y un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.
En esta ocasión, una particularidad nacional es que el Acuerdo -y su TLC incluido- fue finalizado y suscrito por la Administración de Mauricio Funes, quien llegó al Gobierno como candidato del partido de izquierda, FMLN. El presidente Funes ha mantenido distancia con el partido de gobierno en muchos temas y tal parece que la negociación del ADA es uno de ellos. El Frente, tradicionalmente, ha mantenido una posición crítica ante este tipo de acuerdos; hoy, mantiene una posición importante en varios ministerios del Gobierno, incluyendo el de Relaciones Exteriores que ha sido uno de los que negociaron un componente del ADA. La promoción gubernamental de la ratificación del ADA tendrá en esta oportunidad de su lado a dos ministros -el de Economía y el de Relaciones Exteriores- provenientes de las filas de sectores que tradicionalmente se han opuesto a dicho tipo de tratados.
La forma y contenido de las negociaciones del ADA, en las cuales no se abrió a discusión ni se tomaron en cuenta las objeciones estructurales que diferentes organizaciones sociales hacen a tal tipo de acuerdos, no muestran un cambio fundamental respecto a lo hecho por los anteriores gobiernos de ARENA. Está por verse si el nuevo Gobierno le puede imprimir a la aprobación parlamentaria la característica de una verdadera discusión técnico-política del Acuerdo y no solamente una simple formalidad con el acostumbrado desfile de powerpoint de personeros del Ministerio de Economía, señalando lo bien negociado del acuerdo y sus bondades.
El Acuerdo de Asociación, como lo dicen sus promotores, es formalmente más que un Tratado de Libre Comercio, pues incluye el mencionado Acuerdo de diálogo político y cooperación. Esta ha sido la tradición de los Acuerdos de Asociación suscritos por la Unión Europea con México y Chile por ejemplo.
Basta una lectura de los apartados de Diálogo Político y Cooperación para darse cuenta de que el mismo no pasa de ser un listado de buenos (pero vacíos) deseos de paz mundial, del tipo de los concursos de belleza. En el texto del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación no se pueden leer compromisos concretos, recursos establecidos, metas, mecanismos de verificación, controversia y aplicación que lleven esa letra a su aplicación efectiva. Hay un listado de buenas intenciones de las partes (los países) de llevar a cabo el diálogo político y la cooperación en varios temas interesantes, sin una concreción de las metas y recursos.
Para efectos de exigibilidad y compromiso para el futuro, de muy poco sirve que se diga que ya están contemplados, paralelamente, recursos o programas de cooperación de la UE para El Salvador y Centroamérica. Cuando se negocia un acuerdo, lo exigible es lo que queda escrito y concretado en el texto y no las promesas que son hechas por fuera; algo que debería tenerse en cuenta, dado que este ADA se hace entre una de las principales potencias económicas mundiales, la Unión Europea, y un país subdesarrollado como El Salvador.
Para que se entienda el punto, pongamos el caso hipotético que la Unión Europea y sus países deciden en unos 5 o 10 años, por cualquier motivo, quitar la cooperación a El Salvador -o reducirla al mínimo- ¿Hay en el acuerdo, tal cual está escrito, algo que obligue a Europa a mantenerla? Pongamos otro ejemplo, supongamos que España, por algún motivo “interno”, decide suspender las nuevas becas para estudios de postgrado, ¿hay algo en el Acuerdo que impida o limite tal acción? La respuesta a ambas preguntas es no. En el acuerdo no hay establecidos compromisos de fondos de cooperación.
El apartado de cooperación no tiene tan siquiera un compromiso sobre un tratamiento favorable para la regularización a los migrantes salvadoreños o centroamericanos establecidos en Europa. Tampoco se establecieron condiciones favorables para la movilidad salvadoreña hacia Europa. En consonancia con la cacareada “libertad” de movimiento de mercancías y capitales que se nos dice viene inexorablemente con la globalización, ¿no sería razonable buscar lo mismo para las personas? ¿Podríamos usar los mecanismos de diálogo político y cooperación para impugnar las disposiciones españolas que endurecen y dificultan los viajes hacia ese país? ¿Podríamos usar el acuerdo para llevar a un procedimiento jurídico a un Gobierno, digamos al Gobierno griego por poner un ejemplo, por sus cruzadas anti-inmigrantes? En el Acuerdo no hay nada que facilite la movilidad migratoria o incluso turística hacia Europa, ni que proteja a los emigrantes centroamericanos y salvadoreños en Europa. Tampoco hay nada que permita acciones contra algún Gobierno europeo por sus políticas anti-inmigrantes.
Ahora bien, si un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación fuera lo único que incluye un Acuerdo de Asociación (ADA), no se diferenciaría de las múltiples declaraciones y acuerdos de buena voluntad que se suscriben en muchos foros internacionales y que también son letra muerta. Pero lo que ocurre es que ese tratamiento “laxo” de los aspectos de diálogo político y cooperación contrasta con lo establecido en lo “comercial” del TLC. En esa otra parte encontramos compromisos y obligaciones concretos, fechas de cumplimiento y referencias a otros tratados que deben ser aplicados. Incluso, muchos países europeos se han preocupado por negociar previamente acuerdos, como en el tema de inversiones, que contienen numerosas regulaciones, prohibiciones, mecanismos de controversias, que no suelen ser negociados en el marco de sus TLC y ADA.
En general, tal Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación es el “plus” formal que tiene un Acuerdo de Asociación (ADA) respecto al TLC. Sin embargo, en la realidad no pasa de ser un aspecto formal del mismo. Lo sustancial de los diferentes ADA son los Tratados de Libre Comercio.
Entonces, negociar los Tratados de Libre Comercio no es hacer un simple compromiso comercial que se va estructurando según los intereses de las partes. Nada de eso. Los TLC son una plantilla pre-fabricada que tiene como su aspecto esencial la liberalización de los flujos comerciales de bienes y servicios, de desregulación de las compras públicas e inversiones y de endurecimiento de las protecciones a la propiedad intelectual. Los TLC europeos en lo esencial tienen ese mandato, si bien con algunas excepciones puntuales en algunas de las áreas. Por ejemplo, en Inversiones los TLC Europeos no contienen las cláusulas que permitan demandas de las empresas extranjeras a los Estados por figuras como la expropiación indirecta o similares, si bien hay que tomar nota que las principales naciones de la UE se han adelantado a tal situación negociando acuerdos de protección recíproca de inversiones bilaterales que sí contienen tal disposición.
Los gobiernos europeos, y sus contrapartes centroamericanas, media vez aceptaron el esquema de TLC, se dedicaron la mayor parte de su tiempo a rellenarlo según las particularidades e intereses, los cuales en todo caso tienen como marco de fondo el énfasis liberalizador de tales acuerdos.
Precisamente, la objeción central a los TLC, que hemos hecho varios, es a ese esquema liberalizador en que descansan, que no corresponde a las necesidades de desarrollo ni al tratamiento de las asimetrías (desigualdades) de los países más atrasados; en este caso de Centroamérica y El Salvador.
El país ha gozado durante décadas de preferencias arancelarias en los mercados de la Unión Europea por sobre muchas naciones desarrolladas, por ejemplo a través de los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP). El Salvador, no obstante ese trato preferencial arancelario, ha mostrado un pobre desempeño exportador y de alguna manera evidencia que el acceso de los bienes “salvadoreños” a dichos mercados no es un aspecto puramente arancelario. Del otro lado, a medida avanzaba el proceso de liberalización comercial del mercado salvadoreño, durante los últimos veintidós años, la Unión Europea ha visto ir mejorando su saldo comercial con nuestro país.
Como lo muestra el estudio de Salgado, Góchez y Bolaños (2011), el trasfondo del pobre desempeño exportador –neto- salvadoreño a la Unión Europea –y a muchos otros países- es fundamentalmente su pobre oferta exportadora neta y el rezago en cuanto a su reducción de costos frente al comportamiento europeo muy superior en tales aspectos.
Por ejemplo, entre 1990-2009, Europa tiene exportaciones al mundo en prácticamente todo el universo arancelario del sistema armonizado –alrededor de 5,000 códigos arancelarios- y es superavitario en 2,500 de ellas; sin embargo, El Salvador exporta al mundo en solamente 2,500 partidas arancelarias, y es superavitario en sólo 500 de ellas. El Salvador es deficitario con la UE en alrededor de 2,500 partidas, mientras que superavitario en alrededor de 100 partidas únicamente. La Unión Europea incrementó entre 1990-2008 acumuladamente su productividad manufacturera en 52%, mientras que El Salvador en sólo 2%.
Un acuerdo que elimina los aranceles a los flujos comerciales en ambas direcciones, aun y cuando sea con dosificación, dadas las desventajas y rezagos de El Salvador frente a la UE, no tiene por qué ser necesariamente benéfico ni neutral. Más bien, en esas condiciones, seguir liberalizando puede agravar los problemas de la economía salvadoreña y algunos de sus sectores productivos, tales como la desarticulación del aparato productivo salvadoreño y falta de empleos. La liberalización por sí misma tampoco elimina tales rezagos y puede bien agravarlos.
Las ventajas puntuales que un sector pudiera alcanzar en términos arancelarios con un TLC deberían complementarse con un análisis del agregado y de los efectos netos en la economía salvadoreña. La evidencia de veinte años de liberalización comercial y de diez años de suscripción de TLC de nuestro país, no parece sustentar que dichos procesos permitan superar los rezagos estructurales de la economía y su sector exportador. Así, si se quiere construir un gobierno o modelo más en función de las mayorías populares o alcanzar objetivos diferentes de los que tuvieron gobiernos de ARENA es indispensable dejar de lado la suscripción a Tratados de Libre Comercio, basados en la liberalización y desregulación.
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