SAN SALVADOR - Siempre he preferido la justicia a la legalidad, la ética a la moral y el pensamiento propio a los dogmas de cualquier tipo. Por eso se me hace difícil entender la nueva obsesión nacional por la legalidad, la moralidad y los dogmas. Preferiría que se este fervor se transformara en una obsesión nacional con la justicia, con la ética del bien común y sobre todo, con la promoción del pensamiento crítico, que tan lejos se encuentra de los dogmas que con toda pompa se promueven como “el sentido común”.
Sé que no bastan los deseos y que hay que trabajar cotidianamente por hacer estos cambios. Conozco por experiencia propia que el camino de los cambios es más difícil de lo aparenta a primera vista, y que existen muchos obstáculos en este camino que, al repetirse una y otra vez, tienden a provocarnos y/o a reforzarnos el SDSA (Síndrome de la Desesperanza Social Aprendida) que va mermando nuestra capacidad de creer que es posible cambiar este mundo. Y de pronto, casi sin darnos cuenta, caemos en la apatía, el cinismo o la mediocridad.
Sin embargo, en medio de tanta desesperanza, algunas veces ocurren hechos inesperados que nos devuelven la capacidad de soñar y de confiar en el potencial humano de rectificar los errores cometidos, de unirse solidariamente en torno a causas justas y/o de actuar para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.
Esta semana ha sucedido uno de estos hechos. Las tres juezas del Tribunal de Sentencia de Sonsonate encargadas de revisar el caso de Sonia Tabora, determinaron por unanimidad que hubo un error judicial en la valoración de las pruebas que la Fiscalía presentó para acusarla del homicidio agravado de su hija durante un parto prematuro, y que le supuso una condena de 30 años de prisión, de los cuales a la fecha ya había cumplido siete de ellos.
En otras palabras, se ha reconocido que tanto la Fiscalía como los jueces que la condenaron, nunca tuvieron pruebas para sostener que Sonia había asesinado a su hija en el momento del alumbramiento por “haberle negado los cuidados a los que estaba obligada a proporcionarle” pese a su delicado estado de salud y a las condiciones extremas en que tuvo lugar ese parto. El expediente señala que Sonia dio a luz de forma prematura mientras se encontraba sola en un terreno rural y sin atención médica. Debido a estas condiciones, sufrió una hemorragia que le provocó un shock y la pérdida de conocimiento. En este estado de shock, fue llevada a una unidad de salud pública para ser atendida, y como respuesta, el sistema legal la condenó a prisión sin pruebas, únicamente a partir de la presunción de culpabilidad basada en el hecho que, tratándose de una mujer joven, pobre y soltera, “lo natural” era que se hubiera practicado un aborto. Medicina Legal ni siquiera hizo la autopsia del cadáver de la recién nacida, y el defensor público nombrado por la Procuraduría General de la República, no se molestó en solicitar las pruebas periciales que hubieran demostrado su inocencia. Finalmente, fue condenada por el delito de ser mujer, pobre y rural en un país en donde se rinde culto a la legalidad pero se tolera la injusticia contra personas como Sonia Tabora, a quienes se les considera como ciudadanos de segunda categoría.
El nuevo desenlace de este caso seguramente no hubiera sido posible sin el trabajo incansable de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo por Razones de Salud (MILES) y por supuesto del equipo legal que puso todo su conocimiento y experiencia al servicio de esta causa.. Tampoco se puede dejar de reconocerlas múltiples manifestaciones de apoyo nacional e internacional a la causa de Sonia Tabora, que se expresaron en cartas, correos, firmas, comunicados, plantones frente al Juzgado de Sonsonate, y/o apoyo financiero.
Mientras Sonia se apresta a reiniciar su vida, otras 26 mujeres pobres (en su mayoría empleadas domésticas denunciadas por sus empleadores) aguardan en las cárceles de El Salvador a que se haga justicia también para ellas, ya sea mediante la reapertura de sus juicios con la defensa legal que les fue negada anteriormente, y/o mediante un indulto, que muestre la voluntad del Estado salvadoreño de no permitir más injusticias en contra de las mujeres pobres de nuestro país.
Monseñor Romero tenía razón cuando afirmó que la ley “es como la serpiente, pica nomás al que está descalzo”. Pero no es menos cierto que, de tanto en tanto, la solidaridad con y entre los descalzos y las descalzas logra producir el milagro de la justicia. Muchas gracias a quienes han hecho posible este milagro para Sonia, porque con ello, también nos han dado a muchas/os nuevos ánimos para seguir adelante en nuestras pequeñas o grandes luchas cotidianas por cambiar este mundo.
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