Tegucigalpa.
Los medios Corporativos, les han presentado como “invasores de tierras” y justificaron la detención este jueves 26 de abril, de 136 campesinos, una mujer, cuatro menores de edad y seis hombres de la tercera edad. La lucha que mantienen por recuperar tierras nacionales propiedad del Estado de Honduras, les ha mantenido en las últimas horas en la mira de los fusiles tanto de guardias de seguridad de los terratenientes como de policías y militares al servicio de estos últimos. La detención fue en el lugar conocido como El Coowle San Manuel, Cortés, zona Norte de Honduras.
Aunque el 23 de abril los campesinos y campesinas denunciaron que fueron objeto de un atentado criminal por guardias de seguridad que les dispararon a mansalva, el Ministerio Público no hizo absolutamente nada para deducir responsabilidades. Ese día resultó herido el campesino Neftalí Zúniga, de 48 años, perteneciente al Movimiento Campesino San Manuel (MOCSAM).
Como escenario previo a este segundo desalojo, se acusó a los campesinos de haber quemado un carro de los guardias de seguridad de uno de los terratenientes, pero podría tratarse de otra treta para pretender hacer aparecer a los labriegos como un movimiento armado, cuando en realidad lo que andan cargados es de esperanza, hambre y sed de justicia.
Para la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, esta situación es preocupante y se agudiza en la medida en que el Estado no asuma la responsabilidad de devolverle las tierras a quien les pertenecen que son a los campesinos.
El escenario es propicio para militarizar esa zona al igual que ha sucedido en El Aguán, y desencadenar en una serie de crímenes contra campesinos que ya suman más de 60, los cuales están en la impunidad.
El COFADEH ha documentado a la comunidad internacional sobre hechos graves de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la criminalización de la lucha por la tierra.
“Son rápidos para actuar pero a favor de los grupos de poder que son muy poderosos en el sector”, dijo Rafael Alegría, dirigente de Vía Campesina.
Para Alegría el régimen de Lobo Sosa y el Instituto Nacional Agrario, INA, no se han interesado en resolver la problemática.
Lo que nos queda es la denuncia internacional, agregó, mientras denunció que el Ministerio Público fue rápido para el desalojo y no para la investigación, “de lo que se trata es echarle la culpa a los campesinos para justificar cualquier acción represiva”.
El grupo Campesino ha estado solicitando al gobierno de la República una reunión para que se realice una exhaustiva investigación sobre la legalidad de las tierras para que les sean entregadas a las y los campesinos ya que ellos están seguros que estas son del Estado Hondureño, sin embargo su petición no ha sido cumplida.
Las recuperaciones de tierra no solamente se están realizando en San Manuel Cortés sino en diferentes puntos del país como los departamentos de Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Intibucá, El Paraíso, Choluteca, Comayagua, y Francisco Morazán.
“Gran cantidad de esas tierras son de carácter nacional por tanto pertenecen al Estado de Honduras y otras que no cumplen la función social, la ley de Reforma es clara y expresa que las Tierras del Estado son para fines de Reforma Agraria”, dice un comunicado urgente emitido por varias organizaciones campesinas Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), El Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), La Unión Campesina e Indígena de Honduras (UCIH), La Asociación para el Desarrollo de Honduras (ADROH), El movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), El Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM).
Señalan además que con la derogación del Decreto 18-2008 y la ley de Reforma Agraria, se ha incrementado el hambre en el campo y a pesar que hemos entregado al Congreso Nacional una propuesta de ley de transformación agraria integral en Octubre del 2011, no ha habido voluntad política del presidente del Congreso y del presidente de la República para su aprobación, actualmente se encuentra engavetada. Exigimos la aprobación inmediata de esta ley.
Hasta el cierre de esta noticia permanecen detenidas 136 personas en la posta La Ballena, entre ellas:
1. Javier Enrique Cidrín
2. José Alberto Gutiérrez
3. Marco Antonio Matute
4. Kevin Melquisedec López
5. Florentino Tróchez
6. Ángel Bonilla
7. José Miguel Posadas
8. Celso Rodríguez
9. Efraín Maradiaga
10. Ramón Dubón Ayala
11. Wilmer Alexis Garmendia
12. Adrián Mejía Dubón
13. Mariano Martínez
14. Ángel Francisco Castillo
15. Wilmer Alexander Muñoz
16. Lorenzo Alvarenga
17. Elías Samuel Castillo
18. Antonio Villalobos
19. Oscar Josué Cruz
20. Israel Posadas
21. Antonio Vargas
22. Miguel Romero
23. Casimiro Posadas
24. Will Galeas
25. Santos Armando García
26. Roberto Meléndez
27. Agustín Hernández
28. Julio Castro
29. Víctor Manuel Murillo
30. Agustín Hernández
31. Efraín Ortiz
32. Elvin Geovanny Molina
33. Carlos Omar Ramos
34. José Ángel Sánchez
35. Amílcar Ochoa Molina
36. Luís Antonio Rápalo
37. Miguel Sánchez Girón
38. Ricardo Rodríguez
39. Donaldo Fernández
40. José Antonio Romero Castillo
41. Justo Alfonso Puerto
MUJERES
42.-María Antonia Ramírez
MENORES
43.-Selvin Antonio Martínez
44.-Miguel Ángel Escobar
45.-Rafael Antonio López
46.-Mario Antonio López
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