Ante
la condena de seis procesados por el homicidio de cinco personas dedicadas a la
protección del Medio Ambiente originarias del Cantón Trinidad, municipio de
Sensuntepeque, departamento de Cabañas, la Mesa Nacional frente
a la Minería Metálica,
rechazó en conferencia de prensa la sentencia emitida por el Tribunal de Especializado
de Sentencia, ya que no se responsabilizó a la totalidad de autores de los
crímenes, así como también se dejó de fuera a los hechores intelectuales.
La Mesa Nacional
frente a la Minería
Metálica expresó, además, su rotundo rechazo al regreso de Ástor
Escalante como titular de la FGR,
señalando que durante su gestión como titular en funciones de la FGR, en 2009, la actual
situación de impunidad y poca efectividad del sistema judicial en general se
mantuvieron. Así lo evidencian la persecución, las amenazas y el terror a
ambientalistas y defensores de derechos humanos que se produjeron en ese año y
se han seguido generando en Cabañas, sin que hasta hoy la Fiscalía y la Policía Nacional
Civil hayan presentado resultados contundentes para identificar a los autores
intelectuales que ordenan estas acciones. Un caso emblemático al respecto son
los vejámenes que siguen sufriendo periodistas y miembros de Radio Victoria, en
el municipio del mismo nombre en Cabañas.
Las
organizaciones sociales que conforman la Mesa, aseveraron que la intranquilidad constante
que viven los defensores y defensoras del Ambiente y los Derechos
Humanos, en concreto aquellos que rechazan la minería metálica, es una de
las razones principales para descalificar el actuar de la Fiscalía General
de la República
y para demandar mayor idoneidad en el perfil de los candidatos a estos puestos
de Gobierno.
La Mesa
recordó además que, como en el caso del asesinato de Marcelo Rivera en
2009, la Fiscalía
ha desestimado la hipótesis de que los crímenes de los ambientalistas estén ligados
a la actividad que realizaran contra la minería. Insistieron en que la
persecución y amenazas previas a los asesinatos, la evidente planificación y el
uso de armas de uso privativo de la Fuerza Armada, son algunos de los elementos que
debieron ser considerados en las investigaciones, ya que se presume que existen
autores intelectuales y hechores materiales que aún no están siendo
investigados.
A
pesar de los constantes llamados por parte de las organizaciones sociales que
conforman la Mesa Nacional
frente a la Minería
Metálica para que se produzcan investigaciones serias y
oportunas, señalaron que en el sistema de justicia actual los “crímenes
políticos” cometidos en El Salvador, al amparo de la delincuencia común, han
generado un clima de impunidad que garantiza que estos delitos se sigan
cometiendo sin mayor riesgo para los presuntos autores intelectuales. En
el caso de los asesinatos de ambientalistas, la versión de la Mesa es que la
principal Institución del Estado encargada de garantizar el acceso a la pronta
y cumplida justicia, la
Fiscalía, ha descartado desde un primer momento las
hipótesis que pudieran dar pie a investigaciones que llevaran a la captura y
procesamiento de posibles autores intelectuales.
Según
las organizaciones ambientalistas la FGR se equivoca también al desestimar a
priori cualquier posible responsabilidad de personas ligadas a la
empresa minera Pacific Rim en los asesinatos. Resulta contradictorio,
agregaron, que la Fiscalía incluso haya
dejado entrever que la incursión de la actividad minera en las comunidades es
lo que dividió a las comunidades y a las personas que habitan en ellas. La Mesa ha mantenido que éste es
el detonante que llevó a los diversos homicidios de los y las ambientalistas y
ahora la FGR
irresponsablemente parece desconocer el hecho.
Por
último, en el caso de la sentencia emitida recientemente contra seis procesados
por el asesinato de ambientalistas antimineros, la Mesa denuncia la sobrada
retardación de justicia que existió y la cual es imputable a la Fiscalía General
y a su titular, ya que son ellos quienes dirigen la investigación del
delito. La Mesa
recordó a las autoridades que a estos reprochables acontecimientos de 2009, les
ha seguido una cadena de hechos también condenables y no esclarecidos por las
autoridades como son: Las amenazas a muerte de las y los miembros de Radio
Victoria, el intento de secuestro y de asesinato del Obispo Luis Alberto
Quintanilla, y del sacerdote y secretario del Comité Ambiental de Cabañas (CAC)
Neftalí Ruiz, las amenazas a muerte al presidente de la Asociación de Desarrollo
Social (ADES Santa Marta), Antonio Pacheco y las amenazas a muerte a miembros
del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 (MUFRAS-32) Héctor Berríos y
Zenayda Serrano, de quienes aun no se tienen avances significativos en las
investigaciones, negándoseles de esta manera una pronta y cumplida
justicia.
En razón de todo
lo anterior, las y los salvadoreños, la Mesa Nacional frente
a la Mineriá Metálica, EXIGEN:
1. Una
investigación objetiva, imparcial, sin sesgos ni intereses particulares o
partidarios que beneficien o promuevan el surgimiento de grupos armados
ilegales con motivación política, en el Departamento de Cabañas. A
este respecto, no es aceptable bajo ninguna circunstancia que sea la población
la que cargue con la comprobación de los hechos, ya que son las instituciones
del Estado como la FGR
y la PNC, las
llamados a investigar.
2. Una
investigación seria y exhaustiva de las causas que han generado la violencia en
la zona de Cabañas, así como de las amenazas a muerte, intentos de
secuestro y asesinatos que están siendo objeto los ambientalistas, defensores
de derechos humanos de Cabañas y los periodistas de Radio Victoria, sin
descartar cualquier línea de investigación que contribuya el esclarecimiento de
los hechos.
3. Que
se asigne al seguimiento de estos casos a fiscales que no hayan sido
cuestionados anteriormente por violaciones al debido proceso y que no se
presten a manipulación política en las investigaciones de los mismos.
4. Que
se cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y se brinde protección inmediata a las y los activistas
sociales, a periodistas y defensores de derechos humanos de las organizaciones
amenazadas y a aquellas que se encuentran en oposición a proyectos de minería
metálica, por considerar que la integridad física de estas personas sigue en
situación de grave riesgo.
5. A
la Fiscalía General
de la República
y los funcionarios del ramo de Seguridad Pública que tomen con seriedad las
conclusiones que, sobre casos similares, dictó el Grupo Conjunto para la Investigación de
Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en su informe del 28 de Junio
de 1994 y que jamás fueron adoptadas por el Estado salvadoreño. Dicho Grupo
señaló la mutación de las viejas estructuras de los escuadrones de la muerte
hacia células más atomizadas que se vincularon a la violencia común y
organizada, las cuales potencialmente pueden activarse para la violencia
política, sin desmedro del fértil terreno que este submundo representa para la
contratación de sicarios y para la profundización de la impunidad.
¡ALTO A LA PERSECUCIÓN DE
AMBIENTALISTAS ANTIMINEROS!
Mesa Nacional frente
a la Minería Metálica
/ EL SALVADOR
Comunicaciones
Tel. (503) 22354005
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