Adalberto Blanco Fuentes
SAN SALVADOR - Hoy en día, la dinámica social subyacente en la acción de alimentarnos, cada vez se ve más diluida en la “naturalidad” del hecho de comer, no obstante que, según estimaciones de la FAO, en el año 2010 existían 925 millones de personas que padecían hambre en el mundo (53 millones residían en América Latina y el Caribe), para las cuales no era tan natural alimentarse tres veces al día, los 365 días del año.
Esta “naturalidad del comer”, también nos ha llevado cada vez más a ignorar los procesos —sociales, económicos, culturales y ambientales— que implican el cultivo, el procesamiento, la comercialización, la distribución y el consumo de nuestros alimentos.
Al presente, inmersa en las crecientes dificultades cotidianas, buena parte de nuestra población no tiene suficiente conciencia de habitar un país que para el año 2008 era 88% dependiente de las importaciones de arroz, un 25.8% en Frijol y un 42.3% en Maíz, según datos del Sistema Regional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIRSAN). Solamente en el año 2009, de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, se importaron más de 2 millones de quintales de Maíz blanco —a un precio promedio aproximado de $11.49 por quintal— y más de 6 millones de quintales de Maíz amarillo, de los cuales cerca de 4.8 millones de quintales se utilizaron para elaborar concentrados para alimentación animal (Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2009-2010).
La producción nacional de Maíz blanco en el año agrícola 2009-2010 fue de más de 17 millones de quintales, con rendimientos de 53 quintales por manzana, aproximadamente, de los cuales, se estima (basado en datos del IV Censo Agropecuario 2007-2008) que un 49.5% es destinado al autoconsumo; de igual forma, los respectivos costos de producción según promedios nacionales (Costos de Producción 2009-2010) para el mismo año agrícola rondaban por quintal los $13.91 dólares, un 42% de estos (cerca de $5.80 dólares) se utilizaba para adquirir insumos “químicos” —semilla, fertilizante y pesticidas. Las cifras anteriores significan que sólo con la producción de Maíz las grandes empresas tienen un volumen de negocios por año agrícola de $98.7 millones de dólares.
De lo anterior cabe destacar que el quintal de Maíz se comercializó en el año agrícola 2009-2010 con un precio promedio de venta “a nivel de transportistas” de $14,45 por quintal (Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2009-2010), lo que nos da una diferencia de $0.54 por quintal en relación a los costos de producción, teniendo en cuenta que este es precio de venta del transportista al mayorista.
En el mismo orden de consideraciones, solamente una pequeña parte de población estará enterada que de los 395,588 productores agropecuarios del país, un 82% - 325,044 personas- se consideran como “Pequeños productores”, mientras el restante 18% son “Productores comerciales”, fracción dentro de la cual, 2,081 personas se catalogan como “Grandes Productores”, lo que equivale a un 3% del total (IV Censo Agropecuario 2007-2008).
En la misma línea de ideas, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2010 indica que de las 381,503 explotaciones agropecuarias existentes a nivel nacional, un 87% (331,503 explotaciones) tienen un tamaño inferior a 2 manzanas; mientras, por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Campo (CNTC) en el estudio del año 2010 denominado “La soberanía alimentaria en El Salvador” nos mostraba información sobre la estructura de la tenencia de la tierra agrícola nacional, que reflejaban que “el 92.4% del total de explotaciones en el país controlaban, durante el año 2007, un máximo del 14.7% de la tierra para uso agrícola y pecuario”.
Nuestro nivel de reflexión aún no llega al punto en el que nos sea claro que dedicamos a nivel nacional alrededor de $207.6 millones de dólares al mes en consumo de Maíz y Tortillas; y alrededor de $99.6 millones en Frijol (seda, rojo y ocre), según la EHPM del año 2010. Sumando ambos rubros se totaliza un gasto de $307.2 millones de dólares por año.
Tampoco tenemos idea de que por cada quintal de Maíz producido se necesitan aproximadamente 1.01 jornales, es decir, que en la producción total de Maíz nacional se generan alrededor de 17.2 millones de jornales, que pagados a un precio promedio de $4.97 por día equivalen a $85.5 millones de dólares. Por lo tanto, al importar alrededor de 8 millones de quintales de Maíz (entre blanco y amarillo) se pierde el equivalente a unos 8.1 millones de jornales directos.
En general en el año agrícola 2007-2008 se registró una demanda de más de 1.2 millones de puestos de trabajo para las diferentes actividades agropecuarias remuneradas, entre permanentes y eventuales, a los que hay que sumarle 550,171 puestos de trabajo no remunerados (IV Censo Nacional Agropecuario 2007-2008).
Es aquí, en donde tenemos que hacer un alto para conocer mejor la realidad que vivimos, y a la vez iniciar procesos de reflexión sobre lo que comemos, ya que al momento de alimentarnos hay tras de sí, una serie de actos que se promueven, se limitan, se eliminan, se reproducen o se refuerzan.
Cada vez que decidimos qué comer -en qué lugar hacer nuestras compras, en qué lugar comemos-, tenemos la posibilidad de llevar a cabo un Acto Político, es decir de elevar nuestras exigencias de cambios tanto en las políticas privadas y principalmente en las públicas, y de sobre cómo queremos que sea nuestra política alimentaria. Tenemos entonces la oportunidad de decidir qué modelo de consumo queremos, qué modelo necesitamos y cómo es posible construirlo.
Necesitamos responsabilizarnos de nuestros actos y de sus consecuencias, asumir con responsabilidad el acto de consumir, tanto en cómo nos alimentamos, así como en las cantidades y formas en que adquirimos los productos que consumimos. Necesitamos, además, concientizarnos sobre el poder que tenemos al momento de llevar a cabo nuestros actos de consumo. Tenemos que abandonar y contribuir a eliminar todos los hábitos que suponen una ilimitada capacidad de la naturaleza para satisfacer nuestros caprichos.
Debemos crear una visión sistémica de nuestros actos y hay que iniciar una etapa de producción y consumo, alternativo, justo y sobre todo solidario.
Esta visión sistémica entre la producción y el consumo, debe ser respaldada por la reactivación de la agricultura campesina, que ha de ser tratada como estratégica en el territorio nacional, tanto en la generación de empleo, la identidad cultural, la protección y cuidado del medio ambiente, la reconstrucción del tejido social, los valores monetarios que circulan en las diferentes actividades agrícolas y, sobre todo, en garantizar la alimentación de toda la población, especialmente la que históricamente sufre carencias y privaciones. En otras palabras: Apostemos por la construcción de la “Soberanía Alimentaria”.
Colaborador de ContraPunto
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