Por Víctor Hugo Mata Tobar / La Haine
Martes, 01 de Mayo de 2012 15:50
Con el gobierno "progresista", a las mujeres que
abortan espontáneamente la
Fiscalía les cambia el "delito" de aborto a
homicidio agravado.
Se llamaba Manuela, nombre ficticio por supuesto,
habitante de una zona rural de una las regiones más pobres del Oriente del
país, analfabeta, relativamente joven, que un día salió embarazada y nueve
meses después se le vino el producto [feto] cuando defecaba en la fosa séptica.
Fue trasladada al hospital de emergencia, de donde se denunció que había
abortado, llegó la policía al lugar [su ranchito], sacó al niño muerto y la
procesaron, condenándola a treinta años de cárcel por homicidio agravado.
El proceso estuvo plagado de irregularidades: el
defensor público nunca habló con Manuela; la autopsia de Medicina Legal fue mal
realizada e incompleta; los Jueces de Sentencia no emplearon la sana crítica,
se llevaron por conjeturas y sesgos ideológicos como aquello de que Manuela
había matado al niño porque era producto de una infidelidad y finalmente no
tuvo acceso a casación porque hasta eso no llega la asistencia legal pública.
La revisión del proceso tampoco fue aceptada por los mismos Jueces aduciendo
formalidades y argumentos defensivos justificando su falta de prudencia
elemental en todo juzgador. Todo el sistema de justicia en el país le falló a
Manuela.
Pero no solamente la justicia le falló, también
los servicios públicos de medicina y el sistema carcelario. En el proceso se
evidenció que Manuela sufría de presión arterial alta lo cual lógicamente,
había incidido en el parto espontáneo que tuvo, y esto era producto de una
cáncer linfático que sufría desde hacía unos dos años, enfermedad mal tratada
en el centro de salud público al que acudió. Le recetaban pastillas para la
bola del cuello que tenía, un cáncer de Hodgkin. Ya en la cárcel su salud
empeoró, no fue llevada regularmente a las sesiones de quimioterapia, y
falleció en el 2009. Quedaron en la orfandad dos pequeños hijos sostenidos y educados,
por sus pobres abuelos, dos respetables personas de origen rural, marginadas,
que no se explican por qué su hija entró viva a la cárcel y salió muerta.
La historia de Manuela no es aislada. Sucede con
frecuencia en muchas mujeres jóvenes, rurales, analfabetas y pobres que sufren
abortos espontáneos por diversas causas, de repente se les viene el producto
mortinato, con placenta y cordón umbilical en bloque, caen desvanecidas por la
pérdida de sangre, las llevan al hospital con bajísima hemoglobina, y allí el
personal de salud – enfermeras, doctores-, “les sacan la verdad” para
contribuir con la “justicia” olvidándose del secreto profesional. Para ellas no
existe la presunción de inocencia. La respuesta de la “justicia” – al menos en
unos cinco casos emblemáticos que he conocido-, es abrirles proceso
inmediatamente y esposarlas en la cama hospitalaria, nunca les dan libertad
provisional porque como son pobres no tienen “arraigo”.
En el curso del proceso la Fiscalía cambia el delito
de aborto a homicidio agravado, la defensa pública es generalmente pasiva, las
autopsias de Medicina Legal imperitas o negligentes, y los Jueces de Sentencia,
las condenan sobre la base de conjeturas. La casación, antes la única
apelación, y la revisión han sido remedios inalcanzables, la formalidad puede
más que la justicia, consumándose así el triunfo de la misoginia oficial. El
Salvador no hay que olvidar, se encuentra entre el reducidísimo “club” de
países en el mundo – entre otros Chile, Malta, Nicaragua, República Dominicana,
el Vaticano-, que castigan absolutamente el aborto, es decir que no contempla
excepciones, solamente que aquí a diferencia de los otros, el delito es grave y
encarcelan a la mujeres porque en nuestro país en esta materia, manda un
reducido pero influyente y beligerante grupo de católicos que sostienen como la Sala de lo Constitucional,
que las mujeres no tienen derecho a su propio cuerpo.
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